La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, que dirige Eduardo Martínez-Oliva, ha elaborado el borrador de la ordenanza reguladora de actividades o conductas en el espacio público del municipio de Murcia.
"En el afán de atender las necesidades que nuestros vecinos nos demandan en el día a día y dotar de las herramientas legales adecuadas para establecer el correcto marco de seguridad jurídica de todas las actuaciones de esta administración, hemos elaborado el texto de esta nueva normativa", ha apuntado Martínez-Oliva.
El objeto de esta ordenanza es salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos a transitar por el municipio "sin ser molestados o perturbados contra su voluntad y garantizar la libre circulación de personas y la protección de menores", ha explicado el concejal.
De esta forma se pretende evitar en la vía pública toda práctica coactiva o de acoso, que se manera intencionada impidan el libre tránsito de los ciudadanos por espacios públicos y todo ofrecimiento de bienes o servicios a personas que se encuentran en el interior de sus vehículos, como limpieza de parabrisas, ofrecimiento de objetos y actividades no demandadas de aparcacoches.
Estas conductas se perseguirán de la siguiente forma:
- Requiriendo el desistimiento voluntario e informando de los recursos sociales
- Denunciando si persisten en su actitud y no abandonan, lo que conllevaría una sanción económica.
- Posibilidad de remitir a la autoridad judicial por infracción de la ley, en este caso por desobediencia.
La infracción leve supondrá una sanción de 750 euros, la grave, de 751 a 1.500 euros y la muy grave de 1.501 a 3.000 euros.
El Ayuntamiento informará, tanto por agentes de autoridad como por los Servicios Sociales, de las ayudas para la inclusión social existentes a todos los que ejerzan las conductas tipificadas por esta ordenanza.
La principal novedad de esta normativa es que, en todo caso, los agentes de Policía Local procederán al decomiso de los medios empleados para desarrollar sus conductas antijurídicas, así como de los beneficios obtenidos por la realización de estas prácticas, incluido el dinero.
Así, los bienes decomisados se depositarán a disposición de la autoridad policial competente. Una vez dictada resolución firme y transcurridos dos meses sin que el titular haya recuperado el objeto se procederá a su destrucción o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales.
El concejal ha explicado que "actualmente, y por falta de una normativa específica, únicamente se puede recurrir a la Ley de Seguridad Vial por lo que es preciso que, dentro de la capacidad normativa que tenemos las corporaciones locales, nos dotemos de una ordenanza específica que ampare las actuación policial y establezca las conductas prohibidas y su régimen sancionador".
Para elaborar este borrador se han estudiado distintas ordenanzas ya existentes o borradores de otras ciudades como Alicante, Barcelona, Burgos, Valencia, Madrid o Sevilla pero, sobre todo se ha tenido en cuenta la ordenanza modelo elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Así, el texto se encuentra ahora mismo pendiente del informe de los Servicios Jurídicos. Según las previsiones, el borrador de la normativa se llevará al Pleno del próximo mes de septiembre para su aprobación inicial, tras lo cual se expondrá públicamente durante 30 días. Una vez que se resuelvan las sugerencias planteadas se volverá a llevar a Pleno para que, si es aprobada definitivamente, entre en vigor antes de que finalice el año.