La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso que cinco trabajadores de la Universidad de Murcia (UMU) presentaron contra el archivo de la querella que plantearon contra el rector, José Orihuela, por la convocatoria de un concurso-oposición para cubrir los puestos laborales que ocupaban.

El auto, contra el que no cabe recurso alguno, señala que la Sala no aprecia elemento alguno de ilícito penal de prevaricación, y añade que tampoco tiene especial relevancia el que el investigado intentara que fuera un proceso de oposición y no de concurso-oposición, pues lo cierto es que, finalmente, se estableció este último, donde, en su caso. podrán ser valorados los méritos de los querellantes.

Indica también la Audiencia que la jurisdicción contencioso-administrativa ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el asunto en la demanda presentada por una de las querellantes. Y lo hizo en una sentencia en la que se indicaba que no cabe extraer del proceso de funcionarización un derecho subjetivo de la recurrente a ocupar un puesto de funcionario ejercitable frente a la modificación operada, sino un derecho a participar en el proceso cuando la UMU opte por convocarlos.

Lo que se ha pretendido con el concurso-oposición -indica también el auto-, es dotar a tales puestos del personal funcionarial correspondiente, por lo que difícilmente puede hablarse de una desviación de poder.

Es obvio, por tanto -concluye la resolución-, que no le corresponde a la jurisdicción penal la revisión de los actos administrativos en cuestión.

El auto indica, por otro lado, que no se accedió a celebrar una vista oral, como pidieron los recurrentes, al considerarla innecesaria por no tratarse de un asunto complejo.