El Grupo Municipal Socialista defenderá en una moción en el Pleno de mañana que el Ayuntamiento de Murcia se adhiera a la petición de la Federación de Municipios y Provincias para que el Gobierno de España compense por la previsible pérdida de recursos económicos derivados de las posibles devoluciones que se originen como consecuencia de la venta de inmuebles por debajo del precio de compra.
Al respecto, el portavoz socialista, José Ignacio Gras, advierte de que "en primer lugar hay que cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que modifica el criterio de cálculo del impuesto sobre la revalorización de los terrenos de naturaleza urbana a toda España por el perjuicio ocasionado a propietarios, que vendieron la vivienda por debajo del precio de compra, por lo que se puede pagar por un beneficio que no se ha obtenido". Además,
Por ello, en la moción manifiesta que "estamos de acuerdo con el Tribunal Constitucional en que la plusvalía vulnera el principio constitucional de capacidad económica al no vincular el beneficio, sino la mera titularidad del terreno, al pago del impuesto de plusvalía".
Igualmente, el portavoz explica que la sentencia del Tribunal Constitucional puede dar lugar a un número importante de reclamaciones que obliguen al Ayuntamiento a devolver parte de la recaudación obtenida en los 4 años anteriores a la anulación de la plusvalía y que la Federación de Municipios y Provincias ha solicitado al Gobierno de España un cambio legislativo para dotar a los consistorios de los recursos que van a perder como consecuencia de los cambios legislativos con respecto a la aplicación de este impuesto, de manera que "es muy conveniente adherirnos a la petición del resto de municipios".
No obstante, Gras también reconoce que esta sentencia va a suponer una merma de los ingresos del Ayuntamiento, que consignó por este impuesto 21 millones de euros en el Presupuesto de 2016, por lo que "el Gobierno debe implicarse y compensar a los municipios para que puedan seguir haciendo frente a sus proyectos". Asimismo, propone que el Ayuntamiento facilite al contribuyente la recuperación del ingreso indebido.