La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la adjudicación del contrato para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a la Unión Temporal de Empresas formada por CLECE, S.A. y Salzillo Servicios Integrales S.L.U.
Estará vigente desde el próximo 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2019, por un precio total para todo el tiempo de duración del contrato de 14.208.333,33 €. La adjudicataria presentó la oferta económica más baja de entre todas las presentadas, con un precio hora de 12,62 €, más IVA.
La gestión del servicio que se prestará en esta nueva etapa partirá de unos principios metodológicos basados en un modelo innovador de atención integral centrado en la persona. Además, la aportación de medios materiales, técnicos y tecnológicos supondrá una mejora en la atención de las personas usuarias y de los propios profesionales que prestan el servicio.
La Concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, ha explicado que con este nuevo contrato el Ayuntamiento pretende seguir garantizando “un servicio de calidad para los usuarios de ayuda a domicilio y unas condiciones laborales adecuadas para los trabajadores que lo prestan”.
La nueva empresa cumplirá unas condiciones que incluyen numerosas novedades respecto al contrato en vigor, incorporadas con la intención de mejorar el servicio a los beneficiarios. Entre las novedades figuran cláusulas sociales, más personal, medios tecnológicos y auditorías de calidad, la creación de una central de llamadas para atender las llamadas de los usuarios y un exigente régimen sancionador.
Ayuda a domicilio constituye uno de los programas de atención que presta la Concejalía de Derechos Sociales con mayor aceptación y demanda por parte de los ciudadanos. El año pasado se ofrecieron más de 370.000 horas de servicio.
Cláusulas sociales
El contrato que entrará en vigor el próximo mes incluye unas condiciones sociales específicas, relativas tanto a la necesidad de formación de los trabajadores, como las cláusulas dirigidas a garantizar la igualdad de género o el respecto a los derechos de las personas trabajadoras.
Igualmente, el pliego de condiciones que ha regido la licitación prevé la obligación de la empresa adjudicataria de contratar a personas en situación de exclusión social.
Otra novedad relevante del nuevo servicio será la necesidad de realizar auditorías de calidad anuales y la dotación de medios tecnológicos que redundan en mejoras en su calidad. En concreto, la creación de una central de llamadas para recibir y atender las comunicaciones de las personas usuarias, dando cuenta diariamente al equipo técnico municipal que supervisará la correcta respuesta a la demanda.
Asimismo, la empresa también deberá dotar al personal de los medios de comunicación pertinentes (teléfono móvil o tablets) que permita una comunicación en tiempo real para favorecer la agilidad en la gestión y garantizar la eficacia y la resolución de incidencia y/o emergencias que se produzcan.