Los grupos municipales de PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia han presentado una moción al Pleno de este mes para instar al alcalde, José Ballesta, a que convoque en un plazo máximo de 15 días la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que se encarga de revisar el cumplimiento de las grandes contratas del Ayuntamiento y lleva paralizada desde hace diez meses.

En la moción, las formaciones de la oposición también reclaman al regidor que sustituya al actual presidente de la Comisión, el edil popular Eduardo Martínez Oliva, responsable de las carteras de Hacienda y Contratación, por un miembro que no forme parte del equipo de Gobierno.

Así lo han explicado esta mañana en una rueda de prensa conjunta los concejales del PSOE, José Ignacio Gras; de Ciudadanos, Mario Gómez; de Ahora Murcia, Luis Bermejo, y de Cambiemos Murcia, Sergio Ramos, quienes han coincidido en destacar que la paralización responde a "un interés del PP porque no se avance".

La Comisión nació de una moción del Grupo Socialista aprobada en el Pleno de julio de 2015con la vocación de analizar los grandes contratos con las empresas que reciben más recursos económicos del Ayuntamiento, como son Cespa, La Generala-Terra Natura, Ayuda a Domicilio, Electromur, S.T.V. Gestión, Tribugest Gestión de Tributos, la Sociedad Concesionaria del Tranvía y Electromur.

Estas empresas perciben al año casi 100 millones de euros de dinero público, lo que representa un 20 por ciento del presupuesto municipal., concretamente del capítulo 2.

La Comisión contaba con un plan de trabajo que dio comienzo en febrero de 2016 y cuya finalización, según las previsiones del propio Gobierno, estaba prevista para mayo de ese mismo año.

Sin embargo, el último encuentro se produjo el 2 de mayo y solo dio tiempo a analizar el cumplimiento del primer contrato, el de Ayuda a Domicilio, con la imposición a la empresa por parte del Consistorio de una multa por valor de 150.000 euros por infringir el pliego de condiciones.

El equipo de Gobierno dejó de convocar las reuniones justo cuando la Comisión estaba analizando el segundo contrato, de la empresa Tribugest, que recibe siete millones (dos de ellos por el cobro voluntario del IBI) de euros al año y que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción n° 1 de Lugo por presunto delito de tráfico de influencias.

Nula voluntad del PP por fomentar la transparencia

"La actitud del PP", según la oposición, es la de un constante bloqueo a aquellas iniciativas que fomentan la transparencia municipal por medio de una "estrategia estructurada y meditada" que consiste en llevar los temas fundamentales a comisiones para luego paralizar su actividad o "dilatarlas en el tiempo".

Además, el Partido Popular "actúa como si aún tuviera mayoría absoluta y como si los problemas de corrupción derivados de los anteriores mandatos no fueran con ellos asegurando defender una transparencia que en realidad no existe". "¿De qué tiene miedo Ballesta? ¿Qué tiene que esconder el PP?", se han preguntado los concejales de PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia.

Los grupos municipales han exigido al equipo de Gobierno que "deje de entorpecer nuestra labor fiscalizadora en pro de la transparencia y eficiencia de los recursos públicos. "Están jugando con el dinero de los murcianos y las murcianas, y con la credibilidad de este Ayuntamiento", que arrastra "años de despropósito".