El pliego de condiciones y de prescripciones técnicas incluye la incorporación de cláusulas sociales, la creación de una central de llamadas para atender las llamadas de los usuarios y un régimen sancionador con nuevas faltas, calificadas como graves o muy graves, que tratan de asegurar el cumplimiento de obligaciones. El nuevo contrato, cuya licitación ha aprobado hoy la Junta de Gobierno, cuenta con un presupuesto de 14,2 millones de euros y un plazo de dos años y medio.

El Ayuntamiento quiere seguir garantizando un servicio de calidad para los usuarios de ayuda a domicilio y unas condiciones laborales adecuadas para los trabajadores que lo prestan. Con este doble objetivo, la Junta de Gobierno ha aprobado hoy el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para su contratación.

Ayuda a domicilio constituye uno de los programas de atención que presta la Concejalía de Derechos Sociales con mayor aceptación y demanda por parte de los ciudadanos. El año pasado se ofrecieron más de 370.000 horas de servicio y en estos momentos cuenta con 1.750 usuarios. La nueva licitación dispone de un precio máximo de 14,2 M€ y un plazo de prestación del 1 de junio de 2017 al 31 de diciembre de 2019, prorrogable anualmente por 2 años más.

La nueva empresa cumplirá unas condiciones que incorporan numerosas novedades respecto al contrato en vigor, incorporadas con la intención de mejorar el servicio a los beneficiarios.

Reserva de contratos para personas en riesgo de exclusión

Las condiciones especiales de ejecución del contrato incluyen nuevas cláusulas sociales, cuyo incumplimiento puede ser considerado causa de resolución del contrato:

-       Formación: exigencia de una formación mínima de 20 horas anuales para todos los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato. 

-       Igualdad de género: incorpora el principio de igualdad entre hombres y mujeres aplicado tanto a las personas usuarias del servicio como a los profesionales que llevan a cabo su prestación.

-       Contratación de personas en situación de exclusión social: El actual pliego contempla que para nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que se precisen durante la vigencia del contrato, referidas a la figura de auxiliar de ayuda a domicilio, la empresa adjudicataria viene obligada a la reserva de al menos un 20% de estas plazas para la contratación de personas de en riesgo de exclusión social.

-       Derechos de las personas trabajadoras: La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento de las obligaciones que la normativa laboral establezca con respecto al personal que tiene empleado, así como el pago de nóminas y en los plazos establecidos en la normativa, así como de las cotizaciones en la seguridad social.

Por otra parte, además de incrementar el precio hora del servicio, se contempla también la posibilidad de aumentar el coste máximo anual del contrato hasta en un 20%, lo que permitirá ampliar la cobertura.

Respecto al personal, las condiciones presentadas por el Ayuntamiento suponen un incremento del número de trabajador/trabajadora social -de dos a cinco- y de psicólogo/a –de uno a dos- y requiere la dotación de medios tecnológicos adscritos a la prestación del servicio que redundan en mejoras en su calidad.

En concreto, la creación de una central de llamadas para recibir y atender las comunicaciones de las personas usuarias, dando cuenta diariamente al equipo técnico municipal que supervisará la correcta respuesta a la demanda.

Por último, la empresa también deberá dotar al personal de los medios de comunicación pertinentes (teléfono móvil o tablets) que permita una comunicación en tiempo real para favorecer la agilidad en la gestión y garantizar la eficacia y la resolución de incidencia y/o emergencias que se produzcan. Asimismo, la adjudicataria deberá presentar anualmente auditorias de calidad y la acreditación del mantenimiento de la certificación de calidad.