"Después de escuchar durante años a la señora Pelegrín negar los incumplimientos por parte de la empresa concesionaria del servicio de Ayuda a Domicilio, finalmente los Servicios Jurídicos del propio Ayuntamiento de Murcia nos dan la razón, demostrando que la denuncia continua del Grupo Socialista respondía a la realidad". Con estas palabras se ha referido la concejala del PSOE, Susana Hernández, al informe de los Servicios Jurídicos en el que se indica que, durante años, la empresa que presta el servicio de Ayuda a Domicilio ha incurrido en infracciones.

"Se nos informa de que, estas infracciones, debido a la falta de requerimiento por parte de los responsables políticos, han pasado a ser consideradas leves, pero existen y se siguen produciendo", ha insistido la edil socialista, quien ha indicado que "durante años el gobierno del PP ha negado la evidencia, mientras las trabajadoras se manifiestan mes a mes frente a la puerta del consistorio y mientras el Grupo Municipal Socialista no ha dejado de pedir explicaciones sobre el incumplimiento de algunas de las condiciones incluidas en el contrato".

Susana Hernández ha recordado que, "si el informe de los Servicios Jurídicos ha sido posible es gracias a la Comisión de Revisión de los Grandes Contratos, una iniciativa del Grupo Socialista aprobada en el Pleno Municipal y que está permitiendo revisar en profundidad el contrato del servicio de Ayuda a Domicilio, entre otros. Lamentablemente, estamos convencidos de que no será el primer informe de este tipo".

El Grupo Municipal Socialista lleva desde 2013 denunciando estas irregularidades que ahora confirma el informe de los Servicios Jurídicos, incluyendo los retrasos continuados en el pago a las empleadas del servicio de Ayuda a Domicilio. "En marzo de este año instamos, nuevamente, al gobierno de Ballesta a rescindir el contrato con la empresa adjudicataria del servicios de Ayuda a Domicilio por infringir, entre otros puntos, la obligatoriedad de realizar revisiones médicas periódicas a sus empleadas o de ofrecer cursos de formación e información, además de por el impago reiterado de las nóminas a las trabajadoras, que incluso dio lugar a una huelga", ha explicado Hernández.

"Pedimos a Ballesta y a Pelegrín que asuman sus responsabilidades por haber permitido a una empresa incumplir reiteradamente sus compromisos, por haber negado una y otra vez desde enero de 2013 que esto ocurría y por, sabiéndolo, prorrogar el contrato pese a las infracciones detectadas. Exigimos la máxima sanción a la empresa adjudicataria del servicio por cada una de las infracciones reiteradas durante los seis años de contrato. Esperamos que, esta vez, el PP sepa estar a la altura", ha concluido.