La concejala de Cambiemos Murcia Margarita Guerrero pedirá el próximo lunes el respaldo de la Corporación para exigir la derogación del procedimiento del voto rogado, al considerar que "niega de facto" el ejercicio de sufragio a los españoles que residen en el extranjero.

Según ha explicado Guerrero, el voto rogado, una modalidad de sufragio en la que el elector potencial se ve obligado a "rogar" que le sea concedido el derecho a sufragio, es consecuencia de la reforma de la Constitución que el PSOE llevó a cabo en 2011 con el apoyo de PP, PNV y CiU.

La aplicación de esta fórmula afecta a los más de dos millones de españoles y españolas que residen en el extranjero, una cifra que equivale a tres veces el total de la población de ciudades como Sevilla y Valencia, y desde el punto de vista demográfico constituiría la tercera ciudad más importante del país.

El primer escollo que tiene que superar una persona migrada para poder votar es inscribirse en el Consulado respectivo del lugar de residencia y hacer público y manifiesto el derecho de voto.

El voto se solicita a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral que, una vez constatado el querer votar, envía a la dirección del elector las papeletas y los sobres de votación. Una vez notificado y si desea votar en urna, debe ir a la Oficina o Sección Consular en que está inscrita y votar.

Muchas personas residentes en el extranjero se quejan acerca de que no les llegaron las papeletas; otras tenían que recorrer cientos de kilómetros ya que en su lugar de residencia no existe Consulado, y otras denuncian las colas de hasta cinco horas para poder votar.

Esta problemática, denunciada por diferentes partidos de la oposición y por la Plataforma Marea Granate, hace necesaria una nueva ley electoral que acabe con el voto rogado y garantice de manera justa y garantista la participación de la población migrante en las elecciones, en opinión de Cambiemos.

"No en vano - ha añadido Guerrero- en los últimos comicios generales solo pudieron votar algo más de 115.000 personas de un total de 1,8 millones de inscritos e inscritas, lo que representa el seis por ciento del total de la masa votante".

Para la concejala, el objetivo del establecimiento del voto rogado fue el de "burocratizar y obstaculizar el libre ejercicio del voto a quienes se encuentran fuera del país".