Cambiemos Murcia ha preparado una moción que presentará en el próximo Pleno para pedir que desde el Ayuntamiento se exija la retirada inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana, que la candidatura de unidad popular considera, según su concejal Sergio Ramos, “un claro atentado contra las libertades y los derechos democráticos”. Nos podríamos ver pronto ante activistas de movimientos sociales en Murcia enfrentados a “sanciones imposibles de asumir”, ha añadido.

La nueva Ley otorga discrecionalidad a la administración a la hora de establecer multas de elevada cuantía, que podrían llegar a los 600.000 euros, contra conductas habituales en las protestas ciudadanas. Por tanto, se ha legalizado la “criminalización y persecución de las movilizaciones”, afirma el concejal, facilitando que se persigan actuaciones permitidas por los derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación recogidos en la constitución.

De manera que, ante una ley que “ubica la seguridad ciudadana en el viejo concepto del orden público”, al sancionar acciones como los escraches, las concentraciones ante el congreso y el senado o la escalada en fachadas de edificios oficiales, Cambiemos Murcia propone un debate en el que participen todas las fuerzas políticas y la sociedad civil y en el que se destaquen las medidas preventivas, “enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal”.

Se trata, según Ramos, de “una propuesta que podrían compartir el resto de grupos políticos en el Ayuntamiento”. “Ha llegado el momento de retratarse en un asunto tan importante como este, sobre el que el Consejo de Europa ha llegado a decir que la propuesta de ley era altamente problemática”, ha continuado. De hecho, el propio responsable de derechos humanos de esta institución, Nils Muiznieks, llegó a afirmar que no creía que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática”.

Por último, Cambiemos Murcia exige la dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la ley, por su reiterada disposición a incumplir los derechos humanos, entre otras cosas, por la legalización de las “devoluciones en Caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, “contrarías a la normativa internacional y que tratan de manera inmoral e inhumana a numerosos seres humanos en nuestras fronteras y que solo desean una vida mejor”.