La portavoz de IU-verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha solicitado a los concejales de Patrimonio, Cosme Ruiz, y Educación, María Dolores Sánchez, que expliquen la resolución del derecho de superficie del colegio concertado San Antonio de Padua, ahora llamado La Flota.
La citada resolución hace referencia a "la parcela municipal que se había cedido para esta instalación privada y que fue acordada en la Junta de Gobierno del pasado 9 de octubre".
Herguedas ha indicado que este centro ha pasado desde su origen por "numerosos problemas" fruto de la "pésima gestión privada de quien antepone el negocio al Derecho a la Educación".
Ha explicado que en solo dos años el centro acumuló varios millones de euros deuda, la principal, tres millones de euros a la promotora que lo construyó, que embargó el colegio, la guardería, los muebles de ambas edificaciones y la sede de la Fundación que se encontraba en Cartagena, así como el millón y medio de euros que la fundación habría pagado al Ayuntamiento de Murcia por los terrenos públicos cedidos para el uso privado.
Como consecuencia, la mercantil entró en concurso de acreedores, que ahora se ha resuelto mediante auto del Juzgado número 2 de lo Mercantil, dictado en febrero de este año, según ha recordado Herguedas.
La concejala también ha apuntado que estos problemas llevaron al traspaso de la propiedad de la mercantil Fundación de Escuelas Cristianas a Globalis, que a su vez la traspasó a la empresa actual que también gestiona el centro concertado Las Claras de Los Alcázares.
Ha señalado que producto de la resolución judicial, el Ayuntamiento ha resuelto el derecho de superficie constituido a favor de la primera mercantil, la Fundación de Escuelas Cristianas, sin que exista subrogación en la segunda por extinción de la personalidad jurídica de la misma.
Ante esta nueva circunstancia, la edil ha pedido explicaciones al concejal de Patrimonio sobre la situación de este centro y del solar propiedad del Ayuntamiento una vez adoptado este acuerdo, con el fin de saber qué ha sucedido en el proceso con el embargo que pesaba sobre el millón y medio que correspondía al consistorio, así como con el cobro de las cantidades del canon que estaban pendientes de abono al Ayuntamiento.
También ha requerido a la concejala de Educación para conocer la situación jurídica de este centro y saber si está previsto realizar algún tipo de acuerdo con la nueva empresa que lo gestiona.
Herguedas ha considerado que esta es "una nueva oportunidad para rectificar lo errático de la apuesta de la Administración regional y municipal por este centro privado, asumiendo la consejería de Educación la gestión del centro y reconvirtiendo el colegio en el centro público que debería de haber construido desde el principio para resolver parte de los problemas educativos de la zona".