La Audiencia Provincial de Cuenca ha ratificado en segunda instancia una sentencia conseguida por ADICAE que condenaba a Banco de Castilla La Mancha a eliminar 27 cláusulas suelo por "abusivas” y a devolver a los afectados lo cobrado indebidamente, más el interés legal del dinero.

El juez usa los mismos argumentos que el Tribunal Supremo en su sentencia del 9 de mayo, pero llega a la conclusión de que si anula estas cláusulas suelo, es preciso devolver el dinero a los afectados.

Esta sentencia se suma así a las ya ganadas por ADICAE tras la sentencia del Supremo.

ADICAE ha conseguido una nueva victoria judicial en su lucha contra las abusivas cláusulas suelo. En esta ocasión se trata de una sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Cuenca, que ratifica la sentencia lograda por ADICAE en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Cuenca a finales de 2012, en la que se condena a Banco de Castilla La Mancha a anular y devolver el dinero cobrado de más de 27 cláusulas suelo.

En su sentencia la Audiencia analiza la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de mayo, en la que el Alto Tribunal condenaba a BBVA, Novagalicia Banco, Ruralcaja y CajaMar a eliminar sus cláusulas suelo, pero no a devolver el dinero cobrado de más a los afectados. Y la Audiencia Provincial de Cuenca llega a una conclusión muy diferente: si una cláusula suelo es nula lo es desde su inicio y, por lo tanto, Banco de Castilla La Mancha debe devolver el dinero cobrado de más desde que se formalizó el préstamo hipotecario, añadiéndole el interés legal del dinero.

Los afectados incluidos en esta sentencia tenían cláusulas suelo de entre el 2’95% y el 4’50%, con un tipo máximo siempre del 11%. Únicamente existía un contrato en el que el afectado negoció una rebaja de la cláusula suelo, consiguiéndola, pero también se ha procedido a su eliminación ya que la nulidad de la cláusula del primer contrato convierte automáticamente en nula la del segundo contrato firmado por este afectado.

En la sentencia se explica que las cláusulas fueron redactadas unilateralmente por la entidad “antes de la fase de celebración del contrato, con total ausencia de negociación individual, y finalmente, fueron impuestas por la entidad bancaria, lo que supone la exclusión del principio de autonomía de la voluntad en la determinación del contenido del contrato”.

Para que una cláusula suelo sea considerada ilegal no debe haber reciprocidad entre el ‘suelo’ y el ‘techo’, algo que se reconoce en la sentencia, explicando que “se recogen limitaciones, tanto en el tipo mínimo como máximo, cuya falta de proporcionalidad no ha quedado debidamente justificada (...) las cláusulas sometidas son absolutamente desproporcionadas”.

Cuarta sentencia que obliga a devolver el dinero tras la sentencia del Supremo

Desde el 9 de mayo ADICAE ya ha conseguido cuatro sentencias en las que diversos jueces han obligado a Cajamar, Ipar Kutxa, Unicaja y ahora a Banco de Castilla La Mancha a devolver el dinero cobrado de más por cada banco a los demandantes.

Especialmente significativa fue la sentencia dictada contra Unicaja por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Málaga, en la que se consideraba estas cláusulas suelo como condición general de la contratación al no haber sido negociadas previamente con el consumidor, produciéndose así un grave desequilibrio y un enorme perjuicio para los consumidores.

Con esta nueva victoria judicial ya son casi 150 las cláusulas suelo eliminadas mediante las demandas agrupadas que ADICAE está presentando en toda España, tras los éxitos cosechados en juicios contra CajaMar, Banco Mare Nostrum, Caja de Ahorros de Extremadura, Banco de Castilla La Mancha, Caja Segovia, Ipar Kutxa y Unicaja.

De esta manera el cerco contra las cláusulas suelo continúa estrechándose por lo que ADICAE, que ha demandado a casi toda la banca española en una macrodemanda que aglutina a más de 15.000 consumidores, sigue exigiendo a los partidos políticos y los grupos parlamentarios que regulen estas cláusulas y su abusividad, ya contrastada por múltiples tribunales, evitando así un abuso que afecta a 4 millones de hipotecas en España. . En este sentido el Banco de España y el Ministerio de Economía deberían tomar cartas en el asunto y obligar a los bancos a eliminarlas y devolver el dinero indebidamente cobrado de más a todos los afectados.