Francisco Muñoz Coordinador Municipal de IU-Verdes en el municipio de Murcia, considera que la destrucción de un fragmento de muralla árabe con motivo de las obras de soterramiento de contenedores en la calle Santa Teresa "representa de manera clara cómo entiende el Partido Popular la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural no religioso".

"El concejal de limpieza no puede alegar desconocimiento a la hora de autorizar las obras de excavación para ubicar el contenedor soterrado en ese lugar puesto que su concejalía negó la posibilidad de ubicar otros contenedores idénticos en zonas próximas alegando la existencia de restos arqueológicos", declara Muñoz.

El Ayuntamiento de Murcia pretendía arrasar el barrio árabe de San Esteban para construir un aparcamiento privado; los restos del antiguo arrabal son hoy un baldón para la iniciativa cultural municipal; el concejal de Turismo considera "una cuestión de gustos" decorar la fachada de los Molinos del río con un rótulo prohibido por el carácter BIC del edificio; no existe programación cultural ni coordinación entre los Centros de visitantes, que "están gustando mucho" a sus escasísimos usuarios; la antigua cárcel se pudre sin proyecto alguno ni intención de hacerla viable. Esta es la situación del desarrollo cultural que el PP patrocina para Murcia.

Para IU-Verdes, la descoordinación entre responsables de las distintas concejalías implicadas en la promoción del patrimonio cultural murciano es total. "Otro de los compromisos de Cámara en su toma de posesión, unificar recursos para ser más eficientes, vuelve a quedar en la quimera. Hace tiempo que el alcalde dejó la batuta de coordinador y permite que cada concejalía actúe a su modo, sin perspectiva, sin proyectos a largo plazo."

En opinión de Muñoz., " la reacción de la Consejería de Cultura denota que no se trata de hechos aislados sino de una situación y una forma de actuar establecida como norma. De lo contrario se habrían seguido otros cauces para no llegar a esta sanción."

"Algunos concejales, capaces de cuantificar en 24 horas la productividad económica privada de los eventos que organizan, deberían hacer cuentas del perjuicio económico de esta antipolítica cultural para nuestra ciudad, concluye Muñoz."