El portavoz del Grupo Socialista, Pedro López, considera que las nuevas revelaciones del Caso Umbra, publicadas hoy por los medios de comunicación, confirman la responsabilidad directa del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en la aprobación de los convenios de la zona Norte investigados por la operación judicial en la que se encuentra imputado.
López insiste en que serán los jueces quienes tendrán que determinar la responsabilidad penal, pero es evidente que existen responsabilidades políticas y recuerda que ya el pasado mes de julio el PSOE solicitó la dimisión de Miguel Ángel Cámara al frente del Ayuntamiento de Murcia.
"Desde el momento en que fue imputado tendría que haber dejado su cargo, porque él es el máximo responsable del modelo urbanístico que se ha seguido en los últimos años en Murcia apostando por el convenio como 'hoja de ruta' para aprobar operaciones megalómanas", sostiene el concejal del PSOE. Además, según recuerda el portavoz socialista, "Cámara firmó en 1999 el protocolo con el entonces presidente del club Real Murcia, Joaquín Romeo, que es el origen de toda la trama de presunta corrupción urbanística".
Desde el primer momento, señala Pedro López, "el Grupo Socialista manifestó su rechazo a los convenios de la zona Norte y puso esta situación conocimiento de los tribunales al entender que se estaba produciendo una importante pérdida para las arcas municipales, que algunos informes periciales sitúan entre 320 y 500 millones de euros, una cantidad que en estos tiempos de dificultades económicas es aún más grave y doloroso con tantos murcianos pasándolo mal".
Tras las últimas revelaciones y las recientes sentencias judiciales, el portavoz socialista señala que "el tiempo se acaba para Cámara y debe afrontar de una vez las consecuencias de un modelo urbanístico equivocado. El tiempo va poniendo a cada uno en su sitio, demostrando que esos proyectos eran insostenibles y que las cosas se hicieron mal".
Por último, el portavoz socialista recuerda que siguen imputados, además del propio alcalde de Murcia, el ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el ex director de la Gerencia, Alberto Guerra; el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia, Joaquín Peñalver; la jefa de la Oficina del Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia y esposa de Alberto Guerra, Isabel Fernández; y el ex gerente de Urbanismo, Pedro Morillas, entre otros en los casos Umbra y Barraca lo que es una prueba contundente de que la gestión urbanística en Murcia ha sido lamentable.
"Un ex concejal que sigue percibiendo retribución por parte del Ayuntamiento y un grupo de altos funcionarios que continúan trabajando para la administración local con tareas de responsabilidad, a pesar de su imputación", insiste López, quien además subraya que "a ninguno de ellos se les ha abierto expediente disciplinario administrativo ni se les ha pedido explicaciones".