Los grupos de Policía Judicial de las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de los Distritos de El Carmen y San Andrés han llevado a cabo diez actuaciones por simulación de delito que han tenido lugar en la ciudad de Murcia entre los días 4 de enero y 3 de febrero del presente año.

Dichas actuaciones han supuesto la detención de las personas que han realizado las citadas denuncias fraudulentas, que en la mayoría de las ocasiones tenían como objetivo generar un documento administrativo que sirviera de base para la reclamación fraudulenta ante compañías de seguros.

La simulación de delitos está contemplada en el Código Penal español como un delito contra la Administración de Justicia, cuya comisión conlleva pena de multa de seis a doce meses, junto con la generación de antecedentes penales.

En muchas ocasiones, estas simulaciones tienen como objetivo la reclamación ante compañías de seguros, acción esta también delictiva, si bien en este segundo acto, la figura penal aplicable sería la de la falta o delito de estafa, dependiendo del importe defraudado.

La casuística es diversa, aunque en la mayoría de los casos consiste en denunciar un robo violento donde hubo un hurto o un simple extravío de efectos. En dos ocasiones se ha denunciado la sustracción de un vehículo tras haber colisionado con otro en la vía pública.

Nueve de estos hechos han sido esclarecidos por los investigadores de la Comisaría de Distrito de El Carmen, mientras que el último de los casos ha sido tramitado por sus homólogos de la Comisaría de Distrito de San Andrés.

Este tipo de denuncias fraudulentas suponen una importante distracción de efectivos policiales, que han de dedicarse a investigar supuestos robos violentos u otro tipo de infracciones, generalmente graves, que nunca tuvieron lugar. Una vez remitidos los atestados a la autoridad judicial pueden conllevar la práctica de otras diligencias igualmente inútiles por la falta de veracidad de los hechos. Es por este motivo por lo que se considera que estas actuaciones atentan contra el correcto uso y funcionamiento de los mecanismos que la administración de justicia, y la policial como colaboradora de esta, ponen a disposición de los ciudadanos.