"La Plataforma Ciudadana por la Defensa del Patrimonio Arqueológico de San Esteban ha encargado a un equipo de abogados miembros de la asociación la preparación de acciones legales dirigidas a investigar las posibles responsabilidades en los Tribunales de Justicia ante la presunta comisión de delitos contra el patrimonio por parte de funcionarios de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, así como contra el propio Director General, Enrique Ujaldón, en el caso de que con su firma personal avalen o autoricen el levantamiento de los restos arqueológicos de la Murcia del siglo XIII hallados en las excavaciones de Jardín de San Esteban de la capital.

Podrán quizás destruir el yacimiento pero deberán responderán responder ante las justicia de la legalidad de sus actos, que cuentan con la oposición de la mayor parte de expertos, tanto arqueólogos como arquitectos, y de miles de ciudadanos que asisten indignados al lamentable espectáculo de ver como los encargados por la sociedad de proteger, conservar, rehabilitar y poner a disposición de la ciudadanía su patrimonio arqueológico son justamente los que, al servicio de poderosos intereses económicos y políticos, van a permitir, justificar y ejecutar un gravísimo atentado contra nuestros bienes culturales y nuestro patrimonio histórico, sirviéndose de la mentira, la desinformación, el autoritarismo y el desprecio a los ciudadanos, consumando presuntos delitos.

El Patrimonio Histórico y Aqueológico cuenta con una amplia protección legal, desde la Constitución Española (artículos 46, 148 y 149), que lo convierte en un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, pasando por la legislación estatal sobre Patrimonio (Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985), e incluyendo el Estatuto de Autonomía y las demás leyes regionales, así como como la legislación europea, los convenios y recomendaciones del Consejo de Europa y de ICOMOS ( Unesco). Todas ellas garantizan la protección legal del Patrimonio Arqueológico y la prevención y persecución de su destrucción y expolio. Es toda esta protección legal la que presuntamente estaría vulnerada en muchos de sus extremos y puesta en entredicho con las actuaciones de al Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales en su empeño de someter el yacimiento al objetivo inesquivable y prioritario de facilitar el proyecto municipal de construcción de un parking en el subsuelo del antiguo Jardín de San Esteban.

La vergonzosa actuación de nuestros responsables públicos regionales y municipales, que se inscribe en una larga tradición de agresiones y destrucción del patrimonio histórico de todos los murcianos, ahora contra el principal legado material de la Murcia Islámica y de la ciudad medieval, acabará en los tribunales de justicia, lugar al que se nos obliga a acudir a los ciudadanos pidiendo el amparo de nuestros derechos y la defensa de los intereses generales amenazados por los que debieran procurar su preservación".