La concejal de Medio Ambiente y Calidad Urbana, Adela Martínez-Cachá, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para informar de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento contra la instalación de un vertedero en las cercanías de la pedanía de Zeneta.

La edil ha explicado que el pasado 30 de julio se publicó el cambio de ubicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, pasando a querer construirse cerca de Zeneta, y que los técnicos de la concejalía fueron a Alicante a estudiar el expediente para realizar las alegaciones. “Si no hubiésemos empezado antes las actuaciones no nos hubiese dado tiempo en un mes a presentar las alegaciones”.

En total son doce las alegaciones formuladas, entre las que destacan las siguientes.

Uno de los argumentos para cambiar la ubicación del vertedero ha sido ‘la reacción social’ de los vecinos de Torremendo ante la primera ubicación propuesta. Según la Ley de Contratos lo único que puede modificar el proyecto es que haya una causa no prevista, y esta reacción social se viene produciendo desde hace ya diez años.

“Si se considera la reacción social para el cambio de ubicación del centro de tratamiento de los vecinos de Torremendo no entendemos por qué no se considera la de los vecinos de Zeneta”.

Por otra parte, el cambio de ubicación ha hecho que se incumpla el principio de proximidad ya que una instalación de estas características debe estar cerca de los núcleos poblacionales a los que da servicio. Además, la red de carreteras prevista para que se desplacen los camiones no es la misma que en un principio y ahora serán las autovías y carreteras murcianas las que serán utilizadas.

Martínez-Cachá ha añadido que “el cambio de ubicación afecta al Ayuntamiento de Murcia y, por un principio de lealtad entre administraciones, deberíamos de haber sido informados”.

Tampoco se ha tenido en cuenta la afección al único humedal que existe en el municipio, el de la Boquera de Tabala, que podría verse afectado por las obras de construcción del vertedero y por la gestión de los residuos y que es una zona muy sensible a fenómenos de esconrrentía.

Además, la UTE adjudicataria, formada por la empresas Cespa y Ortiz, no ha presentado los estudios geológicos e hidrogeológicos, imprescindibles ante un cambio de ubicación.

La concejal se pregunta que “por qué en junio de 2007 los técnicos del Consorcio consideraban no apta esta nueva ubicación y ahora, con un año de diferencia, sí que lo ven viable”.