Martínez-Cachá encabeza la oposición al vertedero de Orihuela, próximo a la pedanía de Zeneta

La concejal de Medio Ambiente y Calidad Urbana, Adela Martínez-Cachá, ha tenido reuniones tanto con el pedáneo de Zeneta, Salvador Cánovas, como con la Plataforma medioambiental Zeneta contra el vertedero y ha decidido encabezar la oposición a la construcción del vertedero de Orihuela.

Según la edil, “desde el Ayuntamiento se van a utilizar todos los cauces legales para que no se deteriore y afecte la calidad de vida de los murcianos, siendo tajantes en este asunto”.

Este vertedero va a ser construido por la UTE Cespa-Ortiz, en el paraje conocido como La Pistola, limítrofe con el municipio de Murcia.

Según un informe del Ayuntamiento, la elección de esta zona para la ubicación de las instalaciones no cumple con el principio de proximidad que establece el Plan Zonal de Residuos Zona XVII (publicado en el DOGV de 28 de abril de 2005).

El punto elegido no es el más próximo a los principales núcleos productores de residuos lo que obligará a algunos municipios a trasladar sus residuos por la MU-301.

Igualmente no se ha tenido en cuenta la posible afección medioambiental al municipio de Murcia, en lo que se refiere a espacios naturales, condiciones hidrogeológicas y afección a la población.

A escasa distancia del lugar elegido para el vertedero se encuentra el Cabezo Negro donde se halla el Saladar de la Boquera de Tábala, que figura en el inventario de Humedales de la Región de Murcia y es el único humedal del municipio.

En ellos se han cartografiado varios hábitats de interés comunitarios, también en las Sierra del Cristo, muy próxima al lugar elegido. La reciente Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad obliga a adoptar las medidas necesarias para evitar su deterioro. Como es obligación del Ayuntamiento salvaguardar la integridad de dichos espacios, el informe considera que “existe un peligro real con la ubicación elegida para el vertedero dado que cualquier problema que se pueda producir con la gestión de los lixiviados terminaría afectando al saladar”.

Tampoco se ha tenido en cuenta la recomendación del Plan Zonal de ubicar estas instalaciones a más de 2.000 metros de suelo urbano y urbanizable. El Plan General de Murcia establece una bolsa de suelo urbanizable a menos de mil metros del emplazamiento elegido.

Por ello, según Martínez-Cachá “no se entiende que para la ubicación de estas instalaciones que conllevan un riesgo ambiental significativo y que van a dar servicio a otra comunidad autónoma, se decida alejarla lo máximo posible de los núcleos de población a los que va a dar servicio y se ubique junto al municipio de Murcia, siendo nuestra población y territorio la que queda más expuesta a los posibles problemas que puedan producirse”.

En cualquier caso “entendemos que la ubicación de la planta y vertedero de la Vega Baja no podrá ser definitiva en tanto no se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, preceptivo para este tipo de proyectos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, Decreto 162/1990 de la Generalitat Valenciana y el Real Decreto 1481/2001”

La concejal añade que “conforme al artículo 8 de Real Decreto Legislativo 1/2008, el órgano ambiental deberá consultar a las administraciones públicas afectadas, y, evidentemente el Ayuntamiento de Murcia es la administración pública más afectada por este proyecto. Por ello, esperamos que esta consulta sea realizada antes de continuar con los distintos trámites necesarios para la construcción del vertedero”

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