El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Murcia llevará al próximo pleno de este mes de noviembre una moción donde se insta al Gobierno del PP a cuantificar el coste de la inmigración para las arcas públicas del municipio.
Para VOX, llevamos años soportando el impacto económico y social de una inmigración masiva e incontrolada, amparada, si no directamente fomentada, por las políticas de "efecto llamada" del bipartidismo PP-PSOE.
Sólo conocemos, como datos del propio Ayuntamiento de Murcia, que a cierre de agosto ha concedido en 2025 la cifra de 3,6 millones de euros en ayudas sociales directas. Más del 40% de esas ayudas han sido destinadas a extranjeros, cuando los extranjeros en situación legal son, oficialmente, el 12% de la población del municipio. Es decir, por cada euro que recibe un murciano, un extranjero recibe cinco.
Además, y en lo que va de año (hasta agosto), el Ayuntamiento ha financiado con 200.000 euros a entidades privadas como CEPAIM y otras semejantes, cuyo negocio colabora con la inmigración ilegal y el efecto llamada y no contribuye con el dinero público recibido a la integración real de los inmigrantes.
No existe en España ninguna política de inmigración homologable con los países de nuestro entorno en Europa. Porque, de facto, no existe actualmente en España política de inmigración alguna, fuera de una suicida ausencia de fronteras reales y efectivas, algo que no ocurre en ningún otro país del mundo, y de periódicas legalizaciones masivas de inmigrantes ilegales. Esto está contribuyendo decisivamente a la erosión de la condiciones de vida de los españoles. A corto plazo, no está garantizado el sostenimiento del "Estado de Bienestar" (servicios sociales, pensiones, etc) para todos aquellos españoles que, con el esfuerzo de toda una vida, sí lo han construido y merecido.
La situación es absolutamente insostenible, pese a una presión fiscal ya altísima incluso comparada con países europeos más prósperos y de mucha mayor renta per cápita que el nuestro. Una presión fiscal que se encuentra desbocada, barbeando en lo confiscatorio. Y que recae en los de siempre, una clase media española cada vez más depauperada y menguante, que ve impotente como sus recursos se destinan a mantener un Estado progresivamente clientelar dependiente de los políticos de turno, en el que los contribuyentes, la población productiva en general, sólo sirven de hucha sin límite.
El Programa Económico y de Vivienda de VOX denuncia que el coste anual de la inmigración legal en España supera los 30.000 millones de euros, incluyendo gastos en sanidad, educación, vivienda, servicios sociales y prestaciones. Es un coste gigantesco que compromete la sostenibilidad del Estado de Bienestar.
Además, y a iniciativa de VOX, el Tribunal de Cuentas ha acordado recientemente investigar cuánto cuesta realmente la inmigración ilegal en España, una cuestión silenciada por los diferentes gobiernos. Los españoles deben saber la verdad que afecta muy directamente a su vida y a la de sus descendientes, por incómoda que ésta sea.
Dado que el Tribunal de Cuentas ha iniciado esta investigación a escala nacional, el Ayuntamiento de Murcia, indica VOX, debe hacer lo mismo a escala local de Murcia. Debemos conocer cuánto nos cuesta realmente la inmigración en nuestro municipio.
José Mariano Orenes, concejal: "Los murcianos que han trabajado toda su vida para levantar esta ciudad y que pagan los impuestos municipales más altos de España sostienen un sistema que de facto prioriza a los que vienen de fuera frente a los murcianos. Es imprescindible para que los murcianos conozcan la verdad que el Ayuntamiento cuantifique y publique en el Portal de Transparencia la repercusión que tiene la inmigración en las cuentas municipales. Especificando cuánto va a parar a ayudas directas, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales y seguridad. El objetivo debe ser reorientar el gasto público hacia los murcianos, que tanto lo necesitan".
