Murcia participa en un proyecto europeo de lucha contra la trata de seres humanos y el control de fronteras

El Ayuntamiento entra a formar parte del consorcio de 22 socios que desarrollará y probará distintas herramientas de control y detección basadas en el uso de inteligencia artificial, para lo cual gestionará una ayuda de 135.912 euros

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la participación del Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que dirige el edil Fulgencio Perona, en el proyecto europeo ‘Vanguard' para la lucha contra la trata de seres humanos mediante el desarrollo y testeo de herramientas basadas en la inteligencia artificial. Para ello, contará con una subvención de 135.912,50 euros, gestionada a través del Servicio de Programas Europeos de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige la concejal Mercedes Bernabé.

De esta forma, el Consistorio entra a formar parte del consorcio europeo coordinado por el Centro de Investigación y Tecnología Hellas (CERTH), de Grecia, y formado por 22 socios de doce nacionalidades entre los que destacan el GGMH Juntos Contra la Trata de Seres Humanos (Alemania), el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (Austria), la Universidad Católica Sagrado Corazón (Portugal), el Comisario de Energía Atómica y Energías Alternativas (Francia) y ENG Ingeniería Informática (Reino Unido), entre otros.

Para el desarrollo del proyecto, la coordinación técnica y las acciones administrativas de esta subvención de fondos europeos recaerán en el departamento de Programas Europeos de la Policía Local de Murcia, que coordinará las gestiones con todos los demás servicios municipales.

El objetivo de ‘Vanguard' es reforzar la lucha contra la trata de seres humanos mediante la combinación de soluciones tecnológicas avanzadas, conocimientos, sensibilización y formación, con el fin de interrumpir la cadena de la trata en una fase temprana, poniendo especial atención a la trata con fines de explotación sexual, explotación laboral y delincuencia forzada. Esto se logrará mediante el desarrollo de una serie de herramientas con las que detectar, identificar, investigar y prevenir estas actividades, en consonancia con las que se desarrollan en los puestos de control fronterizos, basadas en el análisis de contenidos multimedia en línea y flujos multimodales, aprovechando los últimos avances de inteligencia artificial (IA).

El desarrollo del proyecto europeo tiene una duración de cuatro años y se extenderá hasta el mes de noviembre de 2027.

‘Vanguard' se validará con pruebas de campo y demostraciones en tres casos de uso operativo, de las que dos se llevarán a cabo en Murcia, trayendo a todos los socios que conforman el consorcio. La formación extensiva, la experiencia práctica, los ejercicios conjuntos y el material de formación permitirán impulsar las herramientas y nuevas tecnologías.

Destaca que en el consorcio europeo están implicadas siete autoridades policiales y de guardia de fronteras (incluidas las de los países de origen y tránsito de las redes de trata de seres humanos y los países vecinos de Ucrania), una academia de policía, ocho instituciones académicas y de investigación, cuatro socios industriales y dos organizaciones de la sociedad civil.

Protección de lugares de culto

Dentro del ámbito de la Seguridad Ciudadana, también ha recibido el visto bueno en la Junta de Gobierno la participación de Murcia en el proyecto ‘PARTES', que tiene como misión la protección de lugares de culto contra ataques terroristas y la lucha contra los delitos de odio que sufren determinadas confesiones, para lo cual, el Consistorio recibirá una subvención europea de 23.989,40 euros.

En este caso, se busca un modelo de protección de los lugares de culto, para lo que es necesario conocer el fenómeno extremista violento y sus manifestaciones y objetivos, implicando para ello a las comunidades confesionales en las políticas y medidas que se adopten.

Entre los objetivos del proyecto ‘PARTES' destacan, por ejemplo, cartografiar las amenazas de las comunidades religiosas implicadas, incluidas las ciberamenazas; establecer canales de cooperación y comunicación con las comunidades religiosas y autoridades locales; desarrollar medidas de seguridad proactivas y preventivas; y la realización de talleres con las autoridades religiosas y locales. La duración de la iniciativa es de dos años y se extenderá hasta el año 2025.

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