La Delegación del Gobierno impide la rehabilitación de las 80 viviendas del patronato Francisco Franco de San Andrés y Espinardo

El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma tienen previsto financiar el 75% de las obras mientras que la Administración del Estado, heredera de los bloques, da la callada por respuesta

La Delegación del Gobierno impide la rehabilitación de las 80 viviendas del patronato Francisco Franco que se encuentran en el barrio de San Andrés y en el Espíritu Santo de Espinardo.

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia, que dirige Antonio Castillo, ha llegado a un acuerdo con el Instituto de Vivienda de la Comunidad Autónoma para financiar el 75% de las obras para rehabilitar estos bloques, que se encuentran muy deteriorados. El Ayuntamiento solicitó en marzo a la Delegación del Gobierno la financiación del 25% de las obras restantes, puesto que el Patronato es competencia de la Administración del Estado, a lo que han dado la callada por respuesta, impidiendo así la rehabilitación de estas viviendas.

La Delegación del Gobierno contestó al Ayuntamiento indicando que se trasladó la propuesta del Consistorio y la Comunidad Autónoma al Delegado de Economía y Hacienda en Murcia, Presidente de la Comisión Liquidadora del Patronato, que no se ha pronunciado sobre este asunto.

Antonio Castillo ha mostrado su indignación por la dejadez de la Delegación del Gobierno, que no ha avanzado ni un paso en la regularización de dichas viviendas desde que a principios del año pasado se reunió el Patronato Francisco Franco.

En San Andrés hay 20 viviendas del Patronato situadas en la calle Bolos. El coste estimado de la rehabilitación es de 200.000 euros, de los que 100.000 euros los financiaría el Instituto de Vivienda y Suelo, 50.000 el Ayuntamiento y 50.000 la Administración del Estado.

En el barrio del Espíritu Santo de Espinardo hay 60 viviendas del Patronato, en las calles Escuelas, Sevilla, San Ignacio y Carmen la Roja. El presupuesto es de 540.000 euros, de los que 270.000 serán financiados por la Comunidad Autónoma, 135.000 por el Ayuntamiento y 135.000 por la Administración del Estado.

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