AHORA MURCIA instará a que el Ayuntamiento establezca que el agua potable del municipio debe ser objeto de una tasa en lugar de las actuales tarifas, una medida que supondrá ajustarse a la legalidad, una importante reducción en la factura de los vecinos y que deje de haber cortes de agua por impago. Con este propósito, la formación municipal ha registrado una moción que presentará en el próximo Pleno.
La concejala y portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, ha explicado que la actuación de la plataforma ciudadana, guarda relación con una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2015, que sanciona definitivamente la tasa como la forma en que los contribuyentes tienen que pagar por el servicio municipal de abastecimiento de agua. "Es decir", ha señalado, "el servicio y distribución de agua potable debe ser objeto de una tasa con independencia de la modalidad de gestión de este recurso, incluso aunque sea a través de una concesión o sociedad pública. En definitiva, esta sentencia ha zanjado la polémica jurídica sobre la naturaleza del gravamen sobre el agua".
Por su parte, el edil Luis Bermejo, ha afirmado que "actualmente no existen datos pormenorizados de los costes del servicio de agua en el municipio" y que la iniciativa de Ahora Murcia permitirá conocerlos, "para en función de ellos, establecer la tasa". En este sentido, el concejal ha recordado que Murcia "tiene el agua más cara de España, y que su precio no se justifica por los costes de explotación de Emuasa, sino por una deficiente gestión en el pasado y por unos dividendos excesivos, fijos y establecidos de antemano en el presente".
Tras este estudio detallado, los precios recogerán el coste real del servicio de agua, con la garantía de que esos costes estarán supervisados por Intervención. "Nuestra estimación con los datos actualmente disponibles", señala Bermejo, "es que la aplicación de una tasa esto podría suponer una reducción de hasta el 20% sobre el precio actual".
El edil también ha anticipado que cuando comience a aplicarse en el municipio la nueva legislación sobre este ámbito, "no se podrá cortar el agua a nadir por impago, con independencia del procedimiento administrativo que el Ayuntamiento lleve a cabo para intentar cobrar". La citada adaptación de la legislación municipal se llevará a cabo modificando las ordenanzas fiscales y el Reglamento de Suministro del Agua, a través de la Junta de Gobierno y del Pleno".
Alicia Morales ha destacado que "la sentencia del Tribunal Supremo reconoce que el acceso al agua es un derecho esencial y un servicio público universal, y que por tanto no debe ser objeto de negocios privados". Para la portavoz de Ahora Murcia, "es un paso más en la recuperación de lo público, de la democracia y de la gestión transparente, ya que el agua se ha convertido en el municipio en objeto de negocio privado sin prácticamente ningún control público". La concejala también ha destacado que la sentencia "reconoce una demanda de ciudadanos y colectivos civiles que llevan muchos años luchando".
Precisamente un miembro de una de estas plataformas, Miguel Angel Alzamora, de la Asamblea Agua Pública 100%, ha felicitado a Ahora Murcia "por esta nueva forma de hacer política, recogiendo las demandas de los movimientos sociales. La exigencia de esta formación es un paso muy importante para nuestras reivindicaciones de remunicipalización completa del servicio de agua, que implica el necesario control de democrático en la gestión de este bien común y el reconocimiento en nuestras normativas del derecho humano al agua".
Por último, el diputado regional de Podemos Andrés Pedreño ha señalado que "la iniciativa de Ahora Murcia es un precedente muy importante para la gestión del agua pública, y desde Podemos Región de Murcia la vamos a extender al resto de municipios, ya que el 90% de los ayuntamientos de la Región sufre una situación similar a la de Murcia".
El marco que ahora existe de empresa mixta, con ayto 51 y parte privada 49, habrá que revisarlo.
Sobre cortes de suministro. No se odrán realizar cortes de agua de forma arbitaria, sino que los impagos tendrán consideración de impago tributario y serán reclamados por vía de apremio.
