IU-Verdes denuncia la privatización de la gestión del pabellón Príncipe de Asturias

El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, ha denunciado hoy la privatización del servicio de gestión integral del pabellón Príncipe de Asturias, que supondrá para las arcas municipales un gasto de 701.079,20 euros en el periodo 2015-2016, con posibilidad de prórroga hasta 2018.

Tornel ha indicado que esta decisión, adoptada por la Junta de Gobierno el pasado 19 de noviembre, es "una parte del testamento político de Miguel Cascales -concejal de Deportes- que ve contados sus días como miembro del equipo de Gobierno y se despide aplicando la receta de la privatización, que tanto le gusta".

Para el edil de la organización de izquierdas, "la política de privatizar servicios públicos se desarrolla como salvavidas de las empresas hasta ahora abonadas al ladrillo, que ven en la gestión de lo público un ámbito de negocio empresarial incuestionable".

A esta empresas "solo les hace falta encontrar un gestor público que no quiera esforzarse por ganarse el sueldo para que una entidad privada se haga con el manejo de los recursos públicos, en unas condiciones muy ventajosas que incluyen gestionar sin invertir un euro instalaciones públicas".

Tornel ha indicado que el expediente que afecta al pabellón Príncipe de Asturias fue aprobado por "expreso empeño" de Cascales, puesto que la Dirección Económica y Presupuestaria "se ha informado desfavorablemente" el mismo.

"En el documento no constan las razones de interés público anunciadas, por lo que el interés puede proceder y se dirija a otra parte distinta de lo público", ha añadido Tornel, quien considera que Cascales "asume toda la responsabilidad en este caso".

Además, ha criticado que se privatice la gestión del pabellón cuando la concejalía de Deportes "cuenta con personal de sobre para realizar las funciones que se quieren privatizar sin ningún argumento y un gran coste".

IU-Verdes pedirá el informe completo de la Dirección Económica y Presupuestaria y se dirigirá directamente al alcalde, Miguel Ángel Cámara, para solicitar que detenga "esta privatización innecesaria e injustificada".

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