Latbus continúa a la espera de las sentencias sobre la gestión municipal ante la adjudicación de la nueva concesión urbana

La compañía destaca que la información aparecida en prensa alude a las medidas cautelares mientras siguen pendientes de dictamen las correspondientes sentencias

Los datos publicados por los medios de comunicación, informando sobre el pronunciamiento del TSJ respecto a las medidas cautelares solicitadas en torno al proceso de adjudicación del servicio de transporte público urbano en Murcia, “son un paso más dado adelante por la Judicatura mientras continúan pendientes de emitirse las correspondientes sentencias a los procedimientos iniciados por Latbus”. 

De hecho, esta información coincide con la que ya apareció publicada el pasado 9 de septiembre de 2012, en la que el TSJ desestimaba la adopción de ‘medidas cautelares’, sobre la suspensión del concurso de adjudicación. Anteriormente, el 7 de mayo de 2012, el propio Ayuntamiento de Murcia y los medios de comunicación también informaron sobre el pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia respecto a la misma solicitud, recogida esta vez en un procedimiento previo. 

Y es que son dos los procedimientos iniciados por Latbus. El primero, ante la decisión del ayuntamiento de Murcia de denunciar la concesión que venía prestando la compañía desde 1981. El segundo, sobre el procedimiento de convocatoria del concurso público realizado. En ambos se incluyó la solicitud de medidas cautelares de suspensión del concurso, que son las que han recibido el dictamen correspondiente, por lo que no constituyen las sentencias que Latbus espera del Tribunal Superior de Justicia y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 que han de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, expuesta en los procedimientos judiciales iniciados. 

Plan de Movilidad 

LATBUS se considera gravemente perjudicada por la decisión unilateral del ayuntamiento de Murcia de denunciar la concesión que mantenía desde el 30 de septiembre de 1981. Por ello, denunció ante los Juzgados que se expusieran criterios relacionados con el plan de movilidad de Murcia, que tantas reacciones en contra ha generado entre la población, los colectivos sociales y diversas Administraciones Públicas tales la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Molina de Segura, como argumento para adoptar esta medida.

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