Un nuevo dislate de la concejalía de Hacienda obliga a los vecinos del municipio a abonar nuevas tasas y certificados

El concejal Juan Patricio Castro denuncia que, tras la aprobación de las ordenanzas fiscales, los murcianos tendrán que pagar doce euros por expedir el certificado de convivencia y seis euros en concepto de otros certificados y carnés que no se especifican

El edil socialista Juan Patricio Castro vuelve a denunciar un nuevo despropósito por parte de la concejalía de Hacienda. En esta ocasión y, tras la aprobación de las ordenanzas fiscales, el PP municipal va a cobrar a todos los ciudadanos del municipio por tasas y certificados que antes eran gratuitos.

Así, Castro informa de que la nueva tasa por expedición del certificado de convivencia alcanzará los doce euros; y se cobrarán seis euros en concepto de otros certificados y carnés que el Gobierno local no especifica, dando vía libre a que durante 2013 "nos encontremos con más sorpresas".

Además -continúa el concejal del PSOE- el PP municipal inflige el mismo castigo a todos los ciudadanos del municipio, cuando el proceso de tramitación del certificado de convivencia se realizad de forma distinta en la ciudad y en las pedanías. Mientras en el casco urbano es obligatoria la implicación de la policía local para testificar dicho trámite, en las pedanías no es necesaria su intervención, siempre que el alcalde pedáneo pueda acreditarlo.

Esta diferencia provoca –a juicio de Castro- una nueva discriminación hacia los vecinos de pedanías en el cobro de esta tasa, a la que hay que añadir la ya impuesta por la concejal de Hacienda por el aprovechamiento especial de la vía pública a través de las aceras, la popularmente conocida como "tasa de vados".

Por ello, tanto el edil socialista como el alcalde pedáneo de Javalí Viejo, José Francisco Navarro, piden la retirada inmediata del cobro por la expedición del certificado de convivencia y otros certificados y carnés; y si la concejalía de Hacienda persiste en imponer este nuevo castigo al ciudadano exigen un trato justo con los ciudadanos si los procedimientos no son iguales, como es el caso del certificado de convivencia en las pedanías.

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