El Grupo Municipal Socialista exige una moratoria inmediata de los 25 planes parciales aprobados y ejecutados, aprobados y sin ejecutar, o en proceso de tramitación, afectados por la práctica urbanística del denominado teletransporte de la edificabilidad, hasta que no se aclaren las consecuencias del citado fallo
El portavoz del Grupo Socialista, Pedro López, ha afirmado hoy en rueda de prensa que la sentencia del Tribunal Supremo pone en entredicho la figura urbanística, ampliamente utilizada en el municipio de Murcia conocida como el teletransporte y certifica el fin del modelo del urbanismo negociado y a la carta propiciado por el alcalde Cámara y su equipo de gobierno a lo largo de estos años.
La irrupción del urbanismo de convenio como único modelo de gestión –ha destacado López- parece haber llegado a su fin, tras años de denuncias y advertencias por parte del Grupo Socialista sobre la peculiar forma en la que se ha negociado el urbanismo en Murcia en el tiempo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Aclarar las consecuencias
Durante estos días, el Tribunal Supremo ha señalado como ilegal la práctica del teletransporte de edificabilidad denunciada por activa y por pasiva por los socialistas en el Ayuntamiento de Murcia –ha reiterado su portavoz- quien, en este sentido, ha exigido al PP municipal una moratoria inmediata de los 25 planes parciales aprobados y ejecutados, aprobados y sin ejecutar, o en proceso de tramitación, afectados por esta práctica, hasta que no se aclaren las consecuencias del fallo del Alto Tribunal.
¿Más de 9.000 viviendas ilegales?
Así, el edil del PSOE Juan Patricio Castro ha hecho referencia al informe redactado por Ecologistas en Acción que cifra en un total de 25 planes parciales los afectados por la figura del teletransporte. De éstos, 6 están aprobados y ejecutados, con la construcción de 8.206 viviendas, de las cuales 2.247 serían ilegales según la sentencia judicial. En cuanto al resto de planes parciales afectados se construirían al menos 13.967 viviendas, de las que 6.819 se considerarían también ilegales.
Estos 25 planes parciales –ha explicado Castro- se sitúan en su práctica totalidad en la zona del Campo de Murcia y llevan aparejada la construcción de 313.187 viviendas, de las cuales, al menos 113.100, provienen de la práctica del teletransporte.
Así, el Ayuntamiento de Murcia ha recibido de los promotores de dichos planes parciales, 174 millones de metros cuadrados de suelo en espacios ZEPA, LIC y terrenos del parque regional del Valle- Carrascoy, a cambio de aumentar tres veces la edificabilidad en el Campo de Murcia en beneficio exclusivo de los citados promotores.
¿Están inventariados?
En este sentido, el concejal socialista se cuestiona también si el Ayuntamiento tiene inventariada la propiedad municipal de estos millones de metros cuadrados de suelo protegido cedidos al Ayuntamiento por parte de los promotores y que son de todos los ciudadanos de Murcia.
Siguen las imputaciones
Además de insistir en la gravedad de esta decisión judicial que repercute sobre el Consistorio y sobre las viviendas afectadas, Castro ha recordado que el fallo del Tribunal Supremo tiene su repercusión también sobre actuaciones urbanísticas desarrolladas en el municipio que están siendo investigadas por presunta corrupción urbanística en los casos Barraca y Umbra.
"El PP municipal, lejos de dignificar el urbanismo en el municipio, ha implantado, sin ningún rubor, una imagen nefasta del municipio, tanto al propiciar este tipo de especulación urbanística de forma descarada y de espaldas a la ciudadanía en su conjunto; como por la situación de imputación judicial en la que se encuentran los principales dirigentes del urbanismo en Murcia, con el alcalde Cámara a la cabeza, durante todos estos años", finaliza Castro.