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IU-Verdes exige que se aplique en Murcia el fallo del Supremo que niega el concierto a los centros que segreguen por sexo (24/08/2012)

La responsable de educación de IU-Verdes, Esther Herguedas, ha exigido el cumplimiento de la sentencia judicial que reconoce el derecho a retirar el concierto educativo a los centros que discriminen y segreguen por sexo y extenderla a todos los centros del país, incluidos los de la Región de Murcia.

Herguedas también ha criticado las manifestaciones del ministro Wert del que ha señalado que "tiene como única estrategia educativa recortar y precarizar, para privatizar y adoctrinar hasta el punto de amenazar con cambiar la ley si esta no coincide con su ideario".

Herguedas recuerda que la Ley hay que cumplirla. No es posible que el estado subvencione con fondos públicos a un centro cuyos principios contradicen la Constitución al seleccionar a su alumnado.

"Lo que estamos financiando con fondos públicos no sólo es la segregación por sexos, sino también la de clase social: los ricos se educan con los ricos, los pobres con los pobres. Y mientras financiamos a una élite, recortamos en educación pública, la de todos: en transporte escolar, en becas de libros, en presupuesto de funcionamiento, en profesorado…" ha dicho Herguedas. Como ejemplo, la responsable de educación de IU-Verdes ha señalado lo que sucede en la Región de Murcia que mientras destina 3.811.048,49€ a la educación diferenciada por sexos, recorta 4.200.000€ en suprimir el bonolibro.

Para la portavoz de IU-Verdes el ejecutivo del PP ha ideado una forma de selección y segregación encubierta con recortes que afectan especialmente a los estudiantes de las clases sociales más desfavorecidas, los mismos que se ven más afectados por la actual crisis económica.

Por último ha puntualizado que los fondos públicos deben destinarse a reequilibrar las desigualdades y desventajas sociales de partida que existen y no a financiar centros elitistas y mucho menos cuando de forma deliberada incumplen los principios constitucionales. Así lo establece el mandato constitucional del Derecho Universal a la Educación y en este contexto seguir manteniendo las ayudas a estos centros supone un atentado contra la necesaria equidad del sistema educativo.

Fuente: IURM
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