UPyD Murcia considera necesaria una reforma «estricta» para delimitar competencias entre ayuntamientos y comunidades autónomas

El portavoz Rubén Juan Serna afirma que Ayuntamientos como el de Murcia son gestores de competencias y servicios básicos que les son ajenas como Sanidad o Educación «sin un marco legal y financiero adecuado»

El grupo municipal Unión Progreso y Democracia del Ayuntamiento de Murcia, a través de su portavoz, Rubén Juan Serna, se muestra partidario de una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), en la que se refleje «de forma estricta» la delimitación de competencias de municipios y Comunidades Autónomas, como viene recogido en el programa electoral de la formación.

Serna afirma que «Ayuntamientos como el de Murcia se han convertido en gestores de servicios básicos sin que exista el suficiente marco legal y financiero» que asegure que puedan prestar dichos servicios.

Para el portavoz de UPyD Murcia esta reforma de la LBRL es necesaria «de cara a que los municipios no asuman competencias impropias como pueden ser Sanidad o Educación», ya que suponen un coste excesivo para las corporaciones locales, que las asumen muchas veces porque no son capaces de asumirlas las administraciones autonómicas.

El edil Serna ha puesto como ejemplo la partida que el Ayuntamiento de Murcia destina a Educación, con un presupuesto de 9 millones de euros. De ese total, subraya el concejal, «hay presupuestados 4 millones de euros sólo en limpieza, un millón en en combustibles y carburantes y 800 000 euros en edificios, cuando son gastos y competencias que deberían ser asumidas por la CARM».

«Estos costes», prosigue Rubén Juan Serna, «que vienen generados por la imprecisa definición de funciones entre las distintas Administraciones Públicas, es una de las claves de nuestro programa electoral, que propone acabar con las duplicidades existentes actualmente», para poder realizar así una gestión donde impere la racionalización y el sentido común en el gasto.

UPyD ha insistido desde su fundación en la problemática de gastos ajenos e impropios, que puede generar en una insuficiencia financiera de los Ayuntamientos. «Queremos una reforma legislativa que precise al máximo detalle las competencias y funciones de cada Administración Pública, y que no atribuya a los consistorios funciones que le son ajenas», concluye Serna.

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