El Alcalde invita a los empresarios de la construcción a aportar su visión de la ciudad en la Comisión de Diseño Urbano

Cámara asegura que los ayuntamientos podrán saldar sus deudas con los proveedores si el Gobierno central atiende sus peticiones de financiación

Los empresarios de la construcción aportarán sus sugerencias y su visión de los proyectos que definen el paisaje de los barrios y pedanías formando parte de la nueva Comisión de Diseño y Calidad Urbana. El Alcalde ha invitado a FRECOM a integrarse en este consejo en el transcurso de la reunión mantenida esta mañana con el presidente de la federación, Miguel Mengual, el vicepresidente, José Balibrea, y el secretario, José María Riquelme, además del concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Antonio Bernabé.

En opinión de Cámara, “es importante contar con quien conoce el sector y puede aportar las sugerencias que enriquezcan y que ayuden a cumplir el objetivo que se pretende: simplificar la tramitación administrativa y la burocracia, para que nos permita ganar tiempo”.

Respecto a la deuda que mantienen las administraciones con los empresarios de la construcción de Murcia, Miguel Mengual la ha situado en unos 200 millones de euros, de los cuales 45 corresponderían a los municipios y el resto a los gobiernos central y autonómico. 

A este respecto, Miguel Ángel Cámara ha asegurado que los municipios de la Región trabajan de forma coordinada con la Consejería de Presidencia con el objetivo de establecer unas líneas que les permitan hacer frente a las obligaciones que tienen contraídas con las empresas.

Mientras, a nivel estatal, la asamblea general de la FEMP celebrada el pasado sábado aprobó una serie de reivindicaciones al Gobierno de la Nación que pueden contribuir a que los ayuntamientos salden el 80% de sus deudas pendientes con las empresas. 

Se trataría de recuperar las líneas de financiación del ICO y, para dotar de liquidez a las corporaciones locales y que puedan hacer frente a sus obligaciones del pago, incrementar los anticipos a cuenta hasta el 98%, lo que les situaría en igualdad de trato que las comunidades autónomas. 

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