El Grupo Municipal Socialista no entiende que los Servicios Sociales municipales, ya saturados por el elevado número de familias sin recursos como consecuencia de la crisis económica, tengan que hacer frente al pago y a la tramitación del bono social regulado por el Gobierno central del PP
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia llevará al Pleno a celebrar el jueves de la semana que viene una moción defendiendo que Montoro y las empresas eléctricas corran con el coste de la tramitación del bono social para las familias con escasos recursos que se enfrentan mensualmente a la obligación de tener que abonar la factura de la energía eléctrica que consumen.
El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, traslada a los servicios sociales de los ayuntamientos la tramitación y el coste de la factura eléctrica de las familias que, como consecuencia de la crisis, no puedan abonar el recibo de la luz.
La concejala del PSOE Begoña García Retegui así lo explica: "Según dispone la nueva norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales, ya sean locales o autonómicos, abonan la factura".
"Ante una situación de impago el proceder de las compañías eléctricas será indicar a sus clientes que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro", añade la edil socialista.
Igualmente se instará al equipo de Gobierno a que pida la reforma del real decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
Además, para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales se solicitará que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado una dotación económica suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable.
Esta partida presupuestaria se repartiría entre las comunidades autónomas según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Por otra parte, se instará al equipo de Gobierno a que solicite, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables.
García Retegui recuerda que los Presupuestos Generales del Estado no contemplan el impacto de la medida y que "se han obviado y ninguneado los sistemas de protección ya existentes en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos", al tiempo que critica que "se discriminan positivamente algunas circunstancias, como a las familias numerosas con independencia de sus ingresos, mientras que otras mucho más castigadas actualmente como la monoparentalidad o la soledad no son tenidas en cuenta".