El PSOE pide al Ayuntamiento de Murcia que exija un convenio de colaboración con la administración del Estado

para cobrar las multas de tráfico a los extranjeros no residentes en España

Los socialistas propondrán en el Pleno municipal del próximo jueves un sistema de colaboración que acabe con el agravio comparativo entre los ciudadanos residentes en Murcia y los extranjeros a la hora de pagar estas infracciones

El Grupo Municipal Socialista presentará en el Pleno municipal del próximo jueves una moción para que el Ayuntamiento de Murcia habilite un sistema de colaboración con la Administración General del Estado con el fin de poder exigir a extranjeros no residentes en el territorio español el pago de las sanciones por infracciones de tráfico y vía pública.

"En la actualidad la recaudación de las multas de tráfico y estacionamiento a extranjeros no residentes en nuestro territorio es complicada ya que es difícil recabar toda la información referente a sus domicilios y el Ayuntamiento de Murcia, como administración local, no tiene convenio de colaboración con las administraciones de otros países", ha explicado el concejal socialista Juan Vicente Larrosa.

"En cambio, la Administración General del Estado sí tiene suscritos acuerdos con las administraciones de otros estados para gestionar este tipo de infracciones, por lo que la solución pasaría por que el Ayuntamiento de Murcia pudiera sumarse a esos acuerdos a través de nuestra administración estatal", ha añadido el edil socialista, quien ha indicado que "se trataría de acabar con el agravio comparativo que existe entre los ciudadanos residentes en Murcia, a los que les llega la sanción y deben abonarla, y los extranjeros que regresan a sus países y cuyas sanciones acaban prescribiendo o no haciéndose efectiva".

El Grupo Municipal Socialista apoyará su petición en un informe del Tribunal de Cuentas publicado el 26 de marzo de 2015 sobre la fiscalización de la gestión recaudatoria en Ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes, en el que recomendaba, en el caso de Murcia, habilitar fórmulas de colaboración entre administraciones para asegurar el cobro de las sanciones de tráfico impuestas en el municipio a extranjeros residentes fuera de territorio español.

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