Existen sospechas suficientes como para poner en tela de juicio la legalidad de las mociones de censura al vulnerar el articulado del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
El PSOE todavía no ha despejado ninguna de las dudas existentes acerca de la falta de motivación de los plenos convocados, la limitación del derecho de participación, los defectos en el orden del día y los incumplimientos de los requisitos que deben reunir los vocales propuestos por la izquierda para el desempeño de su función
Si los socialistas siguen adelante, el equipo jurídico del PP valorará acudir a la vía contenciosa para evitar el perjuicio que se ocasionaría a las juntas municipales por motivaciones meramente políticas
Rebeca Pérez: "Es una temeridad que PSOE y Ciudadanos antepongan sus ansías por seguir repartiéndose sillones por encima de la legalidad después de las dudas legales existentes sobre el proceso que han impuesto"
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, y los concejales Marco Antonio Fernández y José Guillén han anunciado esta mañana que el PP en Murcia ha impugnado la celebración de las mociones de censura que PSOE y Ciudadanos pretenden perpetrar en una veintena de pedanías.
Los ediles han estado acompañados por los presidentes de las juntas municipales de Cabezo de Torres, Pilar Vivancos; Puente Tocinos, Marta Cano y Barrio del Progreso, Carmen Mateo.
Los populares recurren la celebración de los plenos extraordinarios convocados para el jueves y el viernes de esta semana ante las dudas suscitadas sobre su validez dentro del ámbito jurídico municipal.
De hecho, existen sospechas suficientes como para poner en tela de juicio la legalidad de las mociones de censura al vulnerar el articulado del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento.
La coalición de izquierdas pretende reeditar ahora en las pedanías la injusta e injustificada moción de censura que Podemos, Ciudadanos y PSOE aprobaron hace 7 meses en el Ayuntamiento de Murcia.
Las mociones de censura en las pedanías solo obedecen al interés por repartirse los sillones de los socialistas y Ciudadanos, cuya estratagema para asaltar el Consistorio quedó absolutamente desmontada por parte de la Fiscalía al archivar la causa que, de forma torticiera, la izquierda empleó para tratar de justificar la moción de censura en el Ayuntamiento.
Por lo tanto, los cambios partidistas que quieren realizar esta semana en las pedanías no están motivadas, como tampoco lo estuvo la moción de censura de marzo.
El PSOE todavía no ha despejado ninguna de las dudas existentes acerca de la falta de motivación de los plenos convocados, la limitación del derecho de participación, los defectos en el orden del día y los incumplimientos de los requisitos que deben reunir los vocales propuestos por la izquierda para el desempeño de su función.
Rebeca Pérez ha señalado que "es una temeridad que PSOE y Ciudadanos antepongan sus ansías por seguir repartiéndose sillones por encima de la legalidad después de las dudas legales existentes sobre el proceso que han impuesto".
El PP exige el suspenso de las actuaciones hasta que se pronuncie un órgano competente
En defensa de la legalidad del proceso, el PP interpuso un recurso de reposición para que el secretario del Pleno, de acuerdo a lo que recoge la legislación vigente, remita este asunto a un órgano competente para evaluar la materia.
De forma paralela, los populares remitieron un escrito al socialista José Antonio Serrano instándole a que acuda al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que sea este organismo el que se pronuncie acerca de las dudas legales suscitadas en el proceso y se evite así abocar a las juntas municipales al bloqueo institucional.
Al respecto, la presidenta de la junta municipal de Cabezo de Torres, Pilar Vivancos, ha explicado que "la estrategia de PSOE y Ciudadanos pasa por obstaculizar el trabajo de los pedáneos, como ya han demostrado con la injusta ley de pedanías socialista y montando un proceso plagado de dudas para asaltar las juntas".
Por su parte, la presidenta de la junta municipal de Puente Tocinos, Marta Cano, ha expuesto que "lo único cierto es que no existe una sola razón material que justifique el relevo en 20 pedanías que pretende realizar la izquierda, menoscabando la labor honesta y la gestión honrada que han realizado personas volcadas con sus vecinos para encontrar soluciones a los problemas que les han trasladado en cada momento".
Los populares han solicitado formalmente la suspensión de los plazos del proceso de las mociones de censura como garantía jurídica hasta que estén resueltas por un órgano competente todas las dudas existentes.
PSOE y Ciudadanos se exponen a incurrir en irregularidades administrativas
Si PSOE y Ciudadanos mantienen su deriva, exponen a todos los políticos y funcionarios que intervengan en el proceso de convocatoria de los plenos extraordinarios en el riesgo de incurrir en irregularidades administrativas.
El edil Marco Antonio Fernández ha apuntado que "es inadmisible que el único interés de la izquierda sea cerrar el proceso en falso para repetir la misma historia de la moción de censura de marzo en el Ayuntamiento. Queda al descubierto su nulo interés por seguir una gestión pública limpia y absolutamente legal".
Si los socialistas siguen adelante, el equipo jurídico del PP valorará acudir a la vía contenciosa para evitar el perjuicio que se ocasionaría a las juntas municipales por motivaciones meramente políticas.
