IU-V Murcia manifiesta su oposición al trato que reciben las pedanías "que están viendo recortada su financiación en momentos de especial necesidad"

La Asamblea local de Izquierda Unida - Verdes ciudad de Murcia ha manifestado este viernes su total oposición ante la práctica que desde mediados del mes de Agosto está realizando el Equipo de Gobierno municipal de cortar la financiación a las 67 Juntas Municipales que componen el municipio y que agrupan al 60% del padrón municipal. Dichos recortes están consistiendo básicamente en la paralización de proyectos de mejora de infraestructura urbana y eliminar las líneas de ayuda dotación de material escolar en un momento en que los gastos derivados de la vuelta al cole se han incrementando como consecuencia de la pandemia por la COVID-19.

Desde la formación de izquierdas denuncian que las pedanías no pueden sufrir ninguna restricción de crédito, especialmente en los gastos relacionados con la intervención social pues son entidades fundamentales dada la extensión del municipio. La labor de las Juntas sirven para vertebrar la actuación municipal, siendo espacios de participación ciudadana quienes conocen las necesidades en cada territorio.

Izquierda Unida considera que tal decisión adoptada unilateralmente por el equipo de Gobierno va en contra de las propias Bases de ejecución de presupuesto, en concreto su artículo 18, que reserva al Pleno la decisión de no disponibilidad de créditos. Así mismo, contraviene el artículo 40 del Reglamento de Participación Ciudadana, que establece un mínimo del 8% del Presupuesto para la gestión por Juntas de Pedanías y Distritos y cuyo incumplimiento por parte del Ayuntamiento ha sido establecido por Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio del 2019, que ratifica a su vez otra del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 2016.

"Desde el punto de vista financiero creemos que el actual Equipo de Gobierno pretende hacer pagar a las pedanías las previsibles caídas de ingresos consecuencia de la pandemia , conjuntamente con aspectos relacionados con la mala gestión presupuestaria de los dos últimos equipos de Gobierno tales como la imputación de deuda por  la Intervención General del Estado de 173 millones de euros derivados de la explotación del tranvía y alguno de sus corolarios más directos como la existencia de un remanente negativo por -3110608 euros que necesariamente habrán de ser reducidos en el capítulo de Gastos del próximo ejercicio, con las nefastas consecuencias que puede tener sobre la población más vulnerable."

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