Los populares recuerdan que el contrato menor es una figura perfectamente legal que aparece recogida en la Ley de Contratos del Sector Público y apuntan que todos los procesos de contratación del Consistorio pasan por los preceptivos órganos de fiscalización y control
El Grupo Municipal Popular denuncia la connivencia entre el PSOE y un concejal denunciado por acoso por parte de un alto funcionario para interferir en el desarrollo del procedimiento disciplinario. Lamenta que los socialistas no duden en hacer juego político y traten de confundir a la ciudadanía con cuestiones que deben dilucidar los técnicos competentes del Ayuntamiento.
Para los populares, la postura que adoptan los socialistas con este tema es absolutamente deplorable, gravísima, peligrosa y arriesgada, al tratar de influir en las decisiones que adopten servicios con competencias para ello.
Los populares lamentan la falta de responsabilidad institucional que están demostrando los socialistas con la gestión de un asunto tan grave como una denuncia por acoso laboral.
Por ello, hacen un llamamiento para que los procedimientos iniciados conciten el mayor respeto por parte de todos los grupos y se eviten las manifestaciones que tratan de crear cortinas de humo para desviar la atención.
El Grupo Popular exige el mayor de los respetos para la difícil situación personal que pueda estar atravesando un funcionario con más de 30 años de trayectoria profesional en el Ayuntamiento.
Desde el PP también recuerdan a los socialistas que la figura del contrato menor viene reflejada en la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se trata de una herramienta perfectamente legal que se utiliza para dar respuesta de una manera ágil y eficaz a necesidades urgentes que sea necesario suplir con prontitud.
Los populares consideran que, para atender necesidades de cuestiones especialmente sensibles, como las relacionadas con la seguridad ciudadana, resultaría mucho más lesivo para los ciudadanos que no se empleara una figura legal como es el contrato menor porque demoraría la solución al problema.
Además, recuerdan que todos los procesos de contratación del Ayuntamiento pasan por los preceptivos órganos de fiscalización y control, como es el caso del Servicio de Intervención, que se encargan de su revisión y validación.
Además, el PP critica el uso partidista que los socialistas tratan de hacer de una institución pública, como es el Ayuntamiento de Murcia, y de sus órganos jurídicos, solo con la intención de entorpecer, embarrar y zancadillear la tramitación de los procedimientos iniciados.
Los populares también recuerdan que la Comisión de Vigilancia de la Contratación tiene como principal misión velar de forma efectiva por los intereses de los murcianos y no es un órgano que se pueda usar con fines partidistas.
De igual manera, recuerdan al PSOE que el trabajo de los Servicios Jurídicos Municipales es el de investigar hasta el fondo de la cuestión aquellas causas en las que se detecten indicios que pueden ser constitutivos de delito.
