El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Murcia llevará al próximo pleno de abril, para su debate, una moción denunciando que el proceso de regularización masiva anunciado por el Gobierno socialista está teniendo ya consecuencias visibles en las calles del municipio, especialmente en barrios como El Carmen o San Andrés, donde han proliferado anuncios de despachos de abogados y gestorías que ofrecen servicios de regularización de inmigrantes.

Desde VOX alertan de que esta situación no es casual, sino el resultado directo de una política migratoria “irresponsable” que está generando un evidente efecto llamada. “Estamos viendo cómo se está creando un mercado en torno a la regularización, incentivado por las decisiones del Gobierno central, que está lanzando el mensaje de que entrar en España de manera irregular acaba teniendo premio”, ha señalado el Grupo Municipal.

En este sentido, la concejal de VOX Alba Franco ha denunciado que “es inadmisible que el Ayuntamiento de Murcia esté cediendo espacios municipales como el Centro de Iniciativas Municipales de Churra para impartir charlas sobre procesos de regularización. El Partido Popular no solo no frena el efecto llamada que impulsa el Gobierno socialista, sino que lo está alentando con el uso de recursos públicos”.

“No puede ser que recursos públicos municipales se pongan al servicio de políticas que fomentan la inmigración irregular, políticas a las que el propio Partido Popular dice oponerse. Sin embargo, el Partido Popular, al frente del Ayuntamiento, no solo no frena esta deriva, sino que la está facilitando activamente”, han criticado desde VOX.

El Grupo Municipal VOX acusa al equipo de Gobierno local del Partido Popular de actuar como “colaborador necesario” de las políticas del Ejecutivo socialista, contribuyendo a reforzar el efecto llamada y generando presión sobre los servicios públicos municipales.

Por todo ello, VOX exige al Ayuntamiento de Murcia que pare de inmediato la cesión de espacios municipales para este tipo de actividades y que adopte una postura firme en defensa de la legalidad, el orden y los intereses de los españoles. Se estima que entre unas 8000 y unas 12000 personas ilegales se incorporarán a la población del municipio de Murcia, lo que provocará, en palabras de Alba Franco: “un colapso de los servicios municipales que ya sufren una situación crítica, como las guarderías públicas, los servicios sociales o la vivienda social.”

Asimismo, reclaman al Gobierno de España que rectifique su política migratoria y abandone cualquier iniciativa que suponga una regularización masiva, apostando en su lugar por el control de fronteras y el cumplimiento estricto de la ley.