El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Murcia ha denunciado la incoherencia y la falta de transparencia del equipo de Gobierno al haber aprobado inicialmente la ordenanza que fija las tarifas del transporte urbano, ya que el contrato para el servicio de transporte urbano permanece suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. VOX señala que no tiene sentido aprobar las tarifas cuando no se sabe aún el coste real del servicio.

La nueva ordenanza fija los precios que pagarán los murcianos por el autobús y el tranvía, pero se aprueba en un contexto de enorme incertidumbre jurídica y económica. El propio contrato de transporte urbano, con un presupuesto base de licitación de más de 421 millones de euros y un valor estimado que supera los 731 millones, está paralizado tras los recursos presentados por empresas del sector y por el sindicato UGT, que ha advertido de graves deficiencias en las condiciones laborales y en el diseño del pliego.

Desde VOX se alerta de que el Ayuntamiento pretende consolidar un sistema tarifario sin que exista todavía un adjudicatario -es decir, la empresa privada que se encargue de prestar el servicio público de transporte urbano-, ni un modelo de servicio definitivo, existiendo además un procedimiento de licitación o adjudicación cuestionado, y que podría acabar siendo modificado o incluso anulado.

"Quieren que se apruebe lo que van a pagar los vecinos sin saber aún quién va a prestar el servicio, en qué condiciones reales va a prestarlo y a qué coste final tendrá para las arcas municipales", señalan desde el grupo municipal de VOX.

El nuevo sistema tarifario se presenta como homogéneo para todo el municipio. Pero se implanta junto a un contrato de transporte urbano que reconoce abiertamente que es deficitario y que obligará al Ayuntamiento a aportar más de 300 millones de euros en la próxima década para cubrir el déficit de explotación. A esto se suma un coste de personal que supera los 235 millones de euros y un beneficio industrial garantizado del 6% para la empresa adjudicataria, mientras los usuarios siguen soportando subidas encubiertas y un servicio que no ha demostrado mejoras reales.

VOX recuerda que en la Comisión de Hacienda de enero ya se advirtió de que la ordenanza de tarifas no puede analizarse de forma aislada, sino ligada al contrato, a su equilibrio económico y a la legalidad del procedimiento. Aprobar ahora las tarifas es, a juicio del grupo municipal, "poner el carro delante de los bueyes" y trasladar a los ciudadanos la factura de un modelo de transporte mal planificado y jurídicamente en el aire.

VOX exige al Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Murcia que aclare qué va a pasar con el contrato suspendido y qué impacto real tendrá esta ordenanza en el bolsillo de los murcianos.

José Mariano Orenes, concejal: "El transporte público necesita mejoras reales, no propaganda. Necesita seguridad jurídica, respeto a los trabajadores, cuentas claras y un servicio eficiente antes de imponer nuevas reglas de juego a los usuarios sin que éstos sepan qué va a pasar con el transporte urbano en Murcia".