El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, junto al concejal Andrés Guerrero, han advertido hoy del grave riesgo económico que vuelve a amenazar las cuentas municipales.
La advertencia se produce tras la solicitud presentada por Martinsa-Fadesa, actualmente en liquidación, junto a otros propietarios y promotores, que reclaman la resolución del convenio urbanístico suscrito en 2006 y exigen al Consistorio murciano la devolución de las cantidades abonadas, que ascienden aproximadamente a 39,5 millones de euros, a los que habría que añadir los intereses, costas y gastos derivados de los avales correspondientes, lo que podría elevar el importe hasta unos 60 millones de euros.
Así, los ediles del PSOE han alertado de que esta nueva reclamación supone "una auténtica espada de Damocles sobre el Ayuntamiento de Murcia y su tesorería", ya que una eventual condena judicial podría provocar un impacto económico de enormes dimensiones, con consecuencias directas sobre la estabilidad financiera municipal y la capacidad de pago a proveedores y servicios públicos.
Origen del problema
Los concejales socialistas han recordado que el origen del problema se encuentra en los convenios urbanísticos que permitieron un incremento masivo de edificabilidad en la zona norte, a cambio de aportaciones económicas al Ayuntamiento de Murcia por parte de los promotores
Ginés Ruiz y Andrés Guerrero han subrayado que la estrategia del actual equipo de Gobierno del PP de negar el problema y mirar hacia otro lado "es
extremadamente peligroso", especialmente ante recientes pronunciamientos judiciales que debilitan la defensa del Ayuntamiento de Murcia en este tipo de convenios urbanísticos.
"El Gobierno local ya debería haber aprendido de casos anteriores. No se puede seguir improvisando ni confiando en que el problema se resolverá solo. Si los tribunales dan la razón a los promotores, la condena de más de 40 millones de euros se puede producir en cuestión de tiempo", han advertido.
Por todo ello, el Grupo Socialista ha exige al PP de La Glorieta más transparencia, responsabilidad y una rápida actuación, que incluya una evaluación precisa del riesgo real y la apertura de vías de negociación que eviten un nuevo golpe millonario a las arcas públicas y a todos los murcianos y murcianas.