En relación al recurso judicial presentado por los sindicatos UGT y CCOO contra la convocatoria de contratos predoctorales del Plan de Fomento de la Investigación de la Universidad de Murcia, el Rectorado quiere hacer constar los siguiente:

Los sindicatos UGT y CCOO han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una resolución administrativa. No se trata de una denuncia contra la Universidad. Se trata de términos jurídicos radicalmente diferentes que pueden generar una impresión equivocada.

El derecho fundamental presuntamente vulnerado es el de libertad sindical. Es decir, no está en cuestión el régimen de derechos y deberes de las personas contratadas como investigadores predoctorales. Desde 2012 ya no existen las becas predoctorales sino contratos de trabajo predoctorales que regula la Ley de la Ciencia. Teniendo en cuenta esto, el derecho presuntamente vulnerado sería el de las secciones sindicales de la Universidad de Murcia a negociar con la misma las condiciones de estos contratos antes de su convocatoria anual.

La Universidad de Murcia, sin embargo, ha entendido que dicha negociación no es necesaria. Primero, porque el régimen jurídico de los contratos es el ya definido en la Ley de la Ciencia; segundo, porque lo que único que se actualiza cada año es el número de plazas de estos contratos que se convocan; tercero, porque ese número es el acordado en el seno de la Comisión de Investigación, integrado por profesorado elegido democráticamente que es la instancia que según nuestros Estatutos tiene competencias para proponer las medidas de política de investigación; y, cuarto, porque la decisión acordada por la Comisión de Investigación fue elevada al Consejo de Gobierno celebrado el pasado 8 de abril de 2022.

Desde 2012 la convocatoria anual de contratos predoctorales se ha venido realizando por el mismo procedimiento.

Desde el Rectorado no se cuestiona el derecho de las secciones sindicales de UGT y CCOO de la Universidad de Murcia a acudir a los tribunales en defensa de los derechos que puedan considerar vulnerados, pero lamenta el modo en la que ambos sindicatos han decidido comunicar lo que es un mero ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.