Su abogado hace un llamamiento al Ayuntamiento de Murcia para que no se vulneren los derechos fundamentales
Julia y José Víctor se enfrentan a una dura realidad, a partir del día 13 de octubre sus vidas y las de su familia son inciertas. Tras una orden de demolición, perderán el que ha sido su hogar hasta hoy.
Hace años construyeron en terreno no urbanizable en la huerta de la pedanía murciana de Alquerías. Como consecuencia de la construcción se inició un procedimiento penal por delito de ordenación del territorio, tal y como apunta su defensor judicial desde la firma Olivares y Rocamora Abogados: "Esta construcción se llevó a cabo por su desconocimiento de la norma urbanística y por la confianza generada en la tolerancia de este tipo de edificaciones. Se pusieron en manos de un abogado de la familia que les asesoró que la única salida era llegar a una conformidad con el fiscal". Este matrimonio no pensaba que eso iba a traer cola tantos años después.
Su actual abogado afirma que sus clientes están "desolados" y dice que no se les está dando "ningún tipo de alternativa y que hay falta de sensibilidad por parte de la Administración". Están angustiados al ver que en poco más de dos semanas van a perder su techo. Se encuentran desamparados por la Administración. Julia y José Víctor tienen dos hijos a su cargo, la pequeña de ellos es menor de edad; además, conviven con la madre de Julia.
Desde el despacho Olivares y Rocamora Abogados exponen la situación: "Este cliente, en el año 2015, nos llegó con una sentencia penal donde él había construido en un suelo no urbanizable, pero sin protección especial. El derribo de la edificación está en un procedimiento penal, existe una sentencia que obliga la demolición. A partir de ahí hemos intentado suspender legalmente la demolición, pero la propia Administración está demostrando un celo excesivo en dejar a esta familia sin vivienda. Después de muchos esfuerzos han señalado la ejecución forzosa para el día 13 de octubre".
Ante la imposibilidad de detener este proceso que acabará con la vivienda de esta familia, el abogado apela a la sensibilidad del Ayuntamiento de Murcia y a los Servicios Sociales: "Estoy intentando que se garanticen los derechos fundamentales. Si no se puede evitar la demolición por trámites legales, que se les ayude por vía de los Servicios Sociales. Hasta ahora me remiten a trámites administrativos todo el rato, están esperando a que se presente una instancia y se quede en el olvido". Además, añade que "existe un agravio comparativo porque desde hace 100 años se han realizado construcciones ilegales y no se han ejecutado las demoliciones; en este caso van a destrozar un hogar".
La situación es cruda y difícil para esta familia de Alquerías. Esto ha sido un varapalo después de tanto tiempo luchando.