El Pleno municipal ha aprobado esta mañana de forma definitiva el Plan Parcial para usos económico-dotacionales en grandes sectores, en el sector de ZG-SG Vj2, de Valladolises y Lo Jurado que permitirá crear una nueva zona industrial en el Campo de Murcia.

Este espacio se encuentra en torno a la Autovía A-30 y próxima al Aeropuerto Regional de Murcia, con el que se delimita y desarrolla suelo urbanizable sin sectorizar con un uso global económico-dotacional y uso pormenorizado industrial (actividades logísticas, de servicios, infraestructuras e industriales a gran escala). El sector tiene una superficie de 374.183,91m2.

También se ha dado el visto bueno al Plan Especial del ámbito PH-Md2, ‘Rehabilitación urbanística en las Lumbreras, Monteagudo' previsto por el Plan General.

El objetivo de esta actuación es el ajuste de alineaciones y la concordancia de tramas en esta zona de la pedanía de Monteagudo, permitiendo así otorgar licencias de obra nueva.

Así, la superficie del ámbito es de 98.215 m2, de los cuales se destinará a equipamiento local, viario, espacios libres, aparcamiento y servicios urbanos 37.797 m2 mientras que la superficie de dominio privado de uso residencial y espacio libre privado es de 60.418 m2. 

Por último, el Pleno ha aprobado el Reglamento de Creación y Regulación del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia, que será llevado al próximo Pleno del 27 de febrero para su aprobación definitiva.

El objeto de este Consejo Asesor será el fomento de la participación en los expedientes municipales para la protección y defensa del Patrimonio Cultural, ya sea arquitectónico, paisajístico o arqueológico, así como otros elementos patrimoniales y espacios urbanos y paisajísticos, quedando fuera de su ámbito el patrimonio inmaterial.

Esta iniciativa da respuesta a la moción aprobada por unanimidad en el Pleno municipal de mayo de 2017, para la creación de un Consejo Asesor Municipal de Patrimonio Cultural.

Con este órgano se garantiza la participación de distintos interlocutores especializados y con dedicación reconocida en la materia, que vía informe y propuesta, en su caso, del Consejo afecten a las políticas municipales relativas a la protección del patrimonio cultural.