Cambiemos Murcia ha instado hoy al equipo de Gobierno a que convoque la Mesa de trabajo sobre el Plan Especial de Protección del Malecón para consensuar puntos discrepantes como el cierre del Cruce de las Cuatro Piedras, al que se oponen vecinos y colectivos en defensa del patrimonio, así como la propia formación municipalista.

El concejal Sergio Ramos ha definido como un "sentir mayoritario" de quienes viven en el entorno, y de las formaciones políticas representadas en la junta municipal de La Arboleja, las opiniones contrarias al cierre de este paso por los perjuicios que ocasionaría para los vecinos y las vecinas, especialmente en lo que se refiere a la movilidad.

El vocal en esa pedanía por Cambiemos Murcia, José Antonio Moreno Micol, ha explicado que el proyecto actual es aceptable en su mayor parte e incorpora propuestas como la de incluir todas las viviendas que estaban fuera de ordenación y limitar la construcción de nuevas, manteniendo la calificación del suelo en caso de que los propietarios se acojan a una expropiación o permuta.

Si bien ha echado de menos que este documento "tan importante para Murcia" no se haya redactado con más participación ciudadana.

Para Moreno Micol, el "mayor problema" del proyecto actual es la obligación de cerrar el cruce: "El conflicto se encuentra principalmente en el intenso tráfico que generan los centros educativos de la zona y el aparcamiento disuasorio, y, por tanto, son estos los problemas a los que hay que buscar solución", ha aseverado al respecto.

Ramos ha urgido, igualmente, a la convocatoria de la Mesa de Trabajo -que no se reúne desde hace varios meses- para "dialogar y alcanzar un consenso" de manera participada, invitando a la dirección general de Bienes Culturales, a todos los grupos municipales, a la junta municipal de La Arboleja, la asociación de vecinos y otros colectivos que presentaron alegaciones.

En este sentido, ha propuesto que en esta Mesa se trate, además, la apertura de una línea de ayudas para los vecinos y vecinas que no puedan afrontar los gastos para cumplir con las obras de adecuación de las fachadas, una actuación a la que obliga el Plan.