El Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia han informado hoy de la moción de urgencia que defenderán mañana en el Pleno para exigir al equipo de Gobierno que establezca un criterio único para resolver la cesión ilegal de trabajadores en el Ayuntamiento de Murcia.
Los cuatro grupos han acompañado a las nueve trabajadoras del Servicio de Estadística despedidas por el Ayuntamiento después de que se les haya reconocido la cesión ilegal.
Este nuevo caso con las trabajadoras de Estadística se suma a la situación vivida por los empleados de los museos Ramón Gaya y de la Ciencia, Museo de la Ciudad y centros culturales, los cuales han recibido soluciones diferentes: subrogaciones sin esperar a sentencias, como es el caso del Gaya, despidos pese al reconocimiento judicial de la cesión ilegal, como en el caso de las trabajadoras de Estadística, cuando el denominador común, en todos los casos, es la existencia de ilegalidad por parte del ayuntamiento, con cesión ilegal de trabajadoras y trabajadores.
La consecuencia de esta "gravísima" situación de cesión ilegal y fraude en materia de contratación y ejecución de contratos municipales, que se está produciendo en el PP en el Ayuntamiento de Murcia desde hace 20 años, y para los que la oposición ha venido reclamando desde hace mas de 2 una mesa de trabajo para clarificar, cuantifica, evitar más sobrecostes y acabar con las ilegalidades ha empezado a estallar. Aún no se ha cuantificado la repercusión económica que para las arcas municipales tienen las sentencias que están pendientes de salir y, como han explicado las trabajadoras, en su caso, si las sentencias concluyen que deben ser readmitidas el Ayuntamiento debería abonar las nóminas mientras han estado despedidas, debiendo pagar asimismo al personal que actualmente está prestando el servicio.
Para la oposición, tan importante es dejar de cometer ilegalidad por parte del Ayuntamiento como que, de forma inmediata a la resolución, se vayan convocando las plazas, siempre conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y tras la recuperación de la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento.