Ahora Murcia y Cambiemos han presentado una moción al Pleno de este jueves para que la Corporación se sume a la defensa de la autonomía local, como han hecho los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Cádiz o Valencia, y reclame al Gobierno central una nueva ley de Bases de Régimen Local, conocida como 'Ley Montoro', que sustituya a la actual porque ha supuesto "una merma importante" en los servicios públicos.

A través de esta iniciativa, estas formaciones han recordado que la normativa vigente fue propuesta por el PP "bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de competencias y el incumplimiento financiero", pero la realidad es que sus efectos han conllevado un empeoramiento de las prestaciones que ofrecen los ayuntamientos, un incremento de las privatizaciones y una reducción de competencias municipales.

Esta situación ha motivado que el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea haya presentado en el Congreso una proposición de ley para volver temporalmente al consenso anterior a 2013 e implementar medidas urgentes que permitan a los consistorios, hasta que exista una nueva Ley de Bases de Régimen Local, prestar los servicios esenciales.

Uno de los argumentos de esta propuesta es la necesidad de que el ámbito local constituya un espacio fundamental para la defensa y la lucha de los derechos sociales y sentar las bases del nuevo municipalismo del siglo XXI, con el objeto de aumentar las competencias de los entes locales; impulsar un nuevo sistema de financiación local y garantizar la transparencia y la participación directa de la ciudadanía.

Proceso participativo para elaborar el nuevo municipalismo

Para Ahora Murcia y Cambiemos, es necesario que desde la Administración central se apoye un proceso participativo en el que estén representados los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía, donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo que suponga un incremento de las competencias y el reforzamiento de los servicios públicos.

"En definitiva, se trata de construir ciudades con derechos, en contra de lo que ha supuesto la ley del PP, que ha amputado garantías democráticas, de representación y participación ciudadana, recortando servicios sociales que prestaban en los municipios de manera satisfactoria y atentando contra el ámbito competencial de las comunidades autónomas y la autonomía local", han concluido.