AHORA MURCIA ha conseguido hoy que se paralice un controvertido plan urbanístico que afectaría a más de 500 familias en Cabezo de Torres, que se quedarían sin sus viviendas para construir en ese terreno una urbanización de lujo y edificios. Se trata del Plan Especial PH-CT1, que afectaría a los cabezos de la Cruz y del Collado.

Este plan, que fue tramitado en su día por el exconcejal Fernando Berberena, hoy lo ha dejado en la mesa la Comisión de Urbanización tras explicar nuestra concejala Angeles Micol las numerosas deficiencias detectadas en la documentación y tramitación del proyecto y, ante todo, que su aprobación estaría dando prioridad a intereses privados por encima del fundamental derecho social a una vivienda.

"Lo que pretenden", denuncia Micol, "es poder hacer esa urbanización y esos edificios derribando las viviendas y echando de allí a todas esas familias, beneficiándose de ello los dueños de los terrenos, que son los promotores del Plan urbanístico".

La mayoría de estos vecinos tienen la propiedad de la vivienda pero no del suelo, ya que éste pertenece a unas pocas familias de terratenientes, por un régimen de propiedad muy antiguo (censo enfitéutico). Debido a esto, la expropiación o el régimen de fuera de ordenación supondría que solo se pagaría a estos vecinos por la vivienda, no por el suelo, lo que les abocaría a a quedarse sin casa y con un dinero insuficiente para adquirir una nueva.

El 71% de estas viviendas quedarían condicionadas por unas ordenanzas que dejarían parte de las casas fuera de ordenación, lo que implica no poder obtener licencia rehabilitarlas con obras mayores, por lo que estarían condenadas a su degradación. El resto serían expropiadas o entrarían en las juntas de compensación, soportando unas gastos de urbanización que muchas familias no podrían asumir.

El Ayuntamiento justifica el Plan asegurando que la mayoría de las viviendas es de baja calidad, y que hay que reordenar la zona para que puedan entrar los vehículos y se puedan hacer calles mas anchas. "Con esa justificación", asegura Angeles Micol, "deberíamos derribar decenas de barrios de Murcia, que no tienen accesos amplios ni tramas rectas y ordenadas. Y también habría que echar abajo el Albaicín de Granada o los cascos históricos de Ávila o Cuenca, porque están en cuesta, no son ordenados y son estrechos. Es una justificación ignorante y que atenta contra la defensa del patrimonio urbano tradicional".

Este polémico plan ya había quedado sin conseguir la aprobación en dos ocasiones anteriores, a raíz de las denuncias realizadas por Micol en su etapa como asesora urbanística de la asociación Huermur. Los anteriores intentos de aprobación corrieron a cuenta, primero, de Berberena, y posteriormente, del exconcejal Juan Antonio Bernabé, en la pasada legislatura. En esta última ocasión, el Gobierno dejó sobre la mesa el plan con la promesa de notificar el proyecto a los propietarios de las viviendas y dialogar con ellos, pero en realidad solo se ha notificado a los terratenientes.

Este proyecto, además, ya estaba contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana de 2001, lo que impide la realización de obras, conllevando una degradación "obligada y premeditada" de estas viviendas en los últimos 14 años.

A partir de la próxima semana Ahora Murcia realizará reuniones informativas en Cabezo de Torres para explicar a las vecinas y vecinos esta nueva victoria ciudadana, que en palabras de la edil de Ahora Murcia "salvaguarda el modo tradicional de vida en las pedanías, asegurando que 500 familias continúen en sus viviendas familiares en lugar de ser sustituidas por edificios".