Herguedas ha explicado que la iniciativa propone un catálogo de acciones que el Ayuntamiento puede desarrollar en el marco de sus competencias en materia de vivienda, consumo y servicios sociales, y pide que se ofrezca apoyo a las familias que encuentren en procesos de desahucio mediante la elaboración de informes en servicios sociales o la actuación municipal en tareas de intermediación ante el juez o las entidades financieras.

También plantea cambiar el impuesto municipal de plusvalía para que sean las entidades financieras, y no los desahuciados, quienes tengan que pagarlo en los casos de dación en pago, así como que no se ejecuten desahucios en vivienda pública municipal y que no se ponga a ningún agente de la Policía Municipal a disposición de las órdenes de desahucio.

Otra de las mociones que presenta IU-Verdes al Pleno propone la inclusión de ciertas cláusulas de condiciones especiales que tengan como finalidad proteger a las condiciones laborales y salariales en los pliegos de los contratos en los que el coste de la mano de obra sea uno de los componentes esenciales o incluyan la subrogación de los trabajadores.

La portavoz de IU-Verdes ha recordado distintos contratos municipales como el de la sala del 092 o las bibliotecas, en las que "el cambio de empresas gestora se ha saldado con despidos, reducciones de jornada y disminución de salario impuestos de forma unilateral por las empresas gracias a las facilidades de la reforma laboral, mientras el Ayuntamiento miraba hacia otro lado por considerar que estos asuntos no eran de su competencia".

La iniciativa pretende que la Administración blinde la plantilla, el sueldo y los horarios de sus contratas y que, en caso de incumplimiento, la empresa contratista pueda sufrir una sanción e incluso, en los supuestos graves, la rescisión del contrato.

Herguedas ha defendido la legalidad de estas medidas que ya se encuentran en vigor en la Diputación de Vizcaya o en el Ayuntamiento de Zaragoza avaladas por los correspondientes informes jurídicos, lo que, a su juicio "vendría a contradecir la tesis que sostiene el equipo de gobierno del PP de que este tipo de cláusulas no se pueden incluir en los contratos porque serían contrarias a la libre competencia".

"Por el contrario, creemos que el Ayuntamiento tiene la obligación de utilizar todos los instrumentos que tiene en su mano para defender el empleo digno y los derechos laborales de los trabajadores", ha concluido.