La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha considerado hoy que el alcalde y la concejala de Hacienda "hacen un uso torticero de los datos para intentar eludir una realidad, que es que los ciudadanos pagarán las consecuencias de la crisis a través de la subida generalizada de impuestos, tasas y precios públicos".
Herguedas ha señalado que "el efecto bajada en la cifra global de impuestos por habitante que pregona el PP no se debe a una reducción de estos, sino al descenso de la actividad económica fundamentalmente derivada de la caída de la construcción".
Para compensarla, "el equipo de Gobierno ha decidido aumentar la presión sobre aquellos impuestos y tasas que repercuten de forma directa en la ciudadanía recurriendo a tres vías".
La primera es la subida generalizada de todos los impuestos, tasas y precios públicos que pagan los ciudadanos, empezando por el IBI, (+ 7,34 por ciento), la recogida de basuras (1,85 por ciento), los servicios deportivos (en algunos casos el 30 por ciento) y las escuelas infantiles que subirán sus precios públicos para el próximo año en un 66 por ciento.
Otra de las vías utilizadas, según asegura Herguedas, va a ser el cobro de servicios que antes eran gratuitos. A su juicio, "causa vergüenza que el Partido Popular piense recaudar más de un millón de euros entre los beneficiarios de servicios asistenciales como ayuda a domicilio, respiro familiar o teleasistencia".
Otro tanto se puede decir del cobro por el nuevo servicio de fomento del empleo, que se dirige a parados, o que piense recaudar 267.000 euros por el uso de los espacios municipales del área de cultura, "algo que perjudicará de forma grave a las asociaciones culturales, cuya actividad, beneficiosa del municipio, se agradece asfixiándolas con los recortes en subvenciones y con la implantación de estos nuevos precios".
"La tercera vía se orienta hacia un mayor acoso criminalización y persecución a través de la vía sancionadora: aumentan las previsiones de recaudación por multas de circulación y en más del 20% las de las sanciones a aquellos que como consecuencia de la crisis no puedan hacer frente a tiempo a sus obligaciones tributarias".
Para Herguedas, el análisis del apartado correspondiente a ingresos "desvela la cara más antisocial de este presupuesto ya que se hace pagar más a quienes menos tienen, en lugar introducir elementos que conduzcan a una mayor progresividad".