El concejal socialista José Zapata manifiesta que como consecuencia de la externalización de algunos de los servicios se ha producido un empeoramiento en la prestación de los mismos, así como la contratación de trabajadores en precario con salarios inferiores a los 600 euros y contratos por horas diarias

El edil socialista José Zapata defenderá una iniciativa en el Pleno de la próxima semana pidiendo al PP municipal que reorganice los servicios municipales para prestar la misma calidad de atención a los ciudadanos que se venía realizando antes de la reducción de horarios a los funcionarios.

Y es que, según Zapata, con esta disminución de horarios y la externalización de servicios se está perjudicando a funcionarios (conserjes, ordenanzas y subalternos), ya que debido a su baja remuneración salarial dignificaban algo sus ingresos mediante la prestación de servicios extraordinarios, fuera del horario de funcionamiento de oficinas y centros educativos, incluso los fines de semana, desde hace décadas.

Con la nueva situación impuesta por el Gobierno local –asegura el concejal del PSOE- estos trabajadores van a ver reducidos sus ingresos netos mensuales en casi un 30 por ciento, quedando en la mayor parte de los casos muy por debajo de los 1.000 euros.

En cuanto a la externalización, Zapata manifiesta que servicios tales como el cementerio, la atención telefónica de la policía local o los acomodadores del Teatro Romea se venían prestando con una muy alta calidad por funcionarios municipales y que ahora, el Ayuntamiento está pagando más por su prestación estando privatizados.

Por ello, el edil socialista propondrá la realización de una auditoría de todos lo servicios privatizados en los últimos años para determinar cuáles serían más eficientes para el Ayuntamiento si estuvieran prestados por funcionarios municipales.

Esto evitaría –finaliza Zapata- que trabajadores que los estaban prestando antes pierdan más de un 30 por ciento en sus ingresos netos mensuales y que las empresas que se hacen cargo de estos servicios privatizados tengan contratadas a personas en precario que, en muchos casos, no llegan a cobrar ni 600 euros.