El Alcalde Cámara garantiza que no se repercutirá este incremento en el bolsillo de los ciudadanos y reclama "ya" al Gobierno de la Nación una ley de financiación municipal

 La decisión del Gobierno de la Nación de subir los tipos del IVA tendrá un coste para el Ayuntamiento de Murcia cercano a los 2 millones de euros anuales. El Alcalde, Miguel Ángel Cámara, que esta mañana ha presidido la apertura de las II Jornadas sobre las Haciendas Locales, dedicadas en esta edición al IVA, se ha mostrado contrario al incremento de la presión fiscal a los ciudadanos, ”más aún en tiempos de crisis como los actuales y tratándose de un impuesto indirecto que grava por igual a todos los ciudadanos, con independencia del nivel de renta de cada uno”.

El aumento del tipo impositivo del 16%, que desde julio ha subido al 18%, es el causante del mayor desequilibrio. Esta subida afecta a la mayor parte de los contratos de obras, servicios y suministros de la Administración Local, y supondrá un coste aproximado para las arcas municipales de 1,2 millones de euros anuales.

Asimismo, el IVA reducido, que se ha incrementado del 7 al 8% traerá consigo la necesidad de pagar 800.000 euros más anuales para hacer frente a algunos servicios básicos proporcionados por el Ayuntamiento, como es el caso de los contratos de limpieza viaria o del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, además de otras prestaciones de carácter social como la ayuda a domicilio para las personas mayores. 

Este sobrecoste de 2 millones de euros que se refleja en los Presupuestos municipales no tendrá una repercusión en los bolsillos de los ciudadanos porque, según ha explicado el Alcalde Cámara, “el camino para salir de la crisis no puede ser asfixiar financieramente a los murcianos”. 

Cámara ha insistido en que la grave situación económica que atraviesa el país tiene en los ayuntamientos a la Administración más perjudicada, por lo que se hace cada vez más necesario dotar a los entes locales de una financiación estable y adecuada. Por eso, el Alcalde ha reclamado una vez más la necesidad de articular la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado y las Comunidades Autónomas, cumpliendo así lo que dicta la Constitución Española sobre financiación local.