Los ayuntamientos españoles se enfrenten actualmente a la peor situación de la historia de la democracia. La crisis económica y la necesidad de dotar a los entes locales de una financiación estable y adecuada han agravado el problema, hasta el punto de colocarlos al borde del colapso. Así lo han puesto de manifiesto los alcaldes y presidentes de Diputación del Partido Popular -entre ellos el de Murcia, Miguel Ángel Cámara-, reunidos esta mañana en el Congreso de los Diputados.

Ante una situación extrema, las medidas que se requieren también deben ser extraordinarias. Por eso, para que los ayuntamientos puedan seguir prestando los servicios básicos y esenciales y evitar el colapso de la administración local, los alcaldes exigen al Gobierno un fondo suplementario de financiación local y dejar sin efecto la subida de tipos impositivos del IVA prevista para julio, cuyo coste, en el caso de Murcia, se cifra en más de 3 millones de euros.

Asimismo, los dirigentes municipales consideran imprescindible que el Gobierno aplace a 2012 el pago de los importes correspondientes a los saldos deudores de las corporaciones locales derivados de la Participación en los Ingresos del Estado.

La aprobación de una nueva Ley de Financiación Local y de una Ley Básica de Gobierno y Administración Local, son cuestiones indispensables para garantizar el futuro de los gobiernos locales. En este sentido, Cámara ha recordado que el Presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, se comprometió a abordar la creación de un marco de financiación estable para las administraciones locales, razón por la cual ha reclamado que “cumpla de una vez sus compromisos”.

El Alcalde de Murcia ha señalado que “los ayuntamientos tenemos un problema, pero no somos el problema. Al contrario, somos parte de la solución, si tenemos en cuenta el peso de la administración local en el sostenimiento de la actividad económica de las ciudades y en la creación de empleo”.

En este sentido, Miguel Ángel Cámara ha asegurado que las corporaciones locales seguirán siendo “garantía de servicios para los ciudadanos” y “protagonistas de las políticas sociales” de España.