El responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús López, responsabilizó a la Consejería de Educación de dejar caducar un expediente sancionador abierto en febrero de 2008 al colegio Antonio de Nebrija, en Cabezo de Torres.

El diputado socialista señaló que “es lamentable que el asunto de la presunta marginación de un alumno durante el curso escolar que concluye ahora, por no pagar cuotas en el Colegio Antonio de Nebrija, termine en un agrio enfrentamiento entre la familia que lo denunció y la AMPA del citado colegio, cuando el Gobierno regional tiene una clara responsabilidad en este asunto”.

López subrayó que no es la primera vez que suceden este tipo de hechos. El colegio “Antonio de Nebrija” está actualmente sometido a un procedimiento sancionador, reabierto el pasado 9 de abril, por hechos sucedidos en el curso 2006-2007, que fueron objeto de investigación por la Consejería de Educación como consecuencia de la denuncia de la familia afectada.

Reapertura del expediente

La reapertura del expediente se debe a la caducidad de uno anterior por los mismos hechos, que se produjo el 19 de agosto de 2008. La solicitud de reapertura la hizo la Confederación de madres y padres de alumnos del municipio de Murcia (CONFAPA) el pasado mes de febrero.

Los hechos denunciados a final del curso 2006-07 dieron lugar a un informe del inspector, del que se derivó la constitución de una Comisión de Conciliación y la incoación de expediente sancionador. El informe del inspector ponía de manifiesto hechos graves, según se desprende de la orden de reinicio del expediente.

El diputado socialista explicó que la titularidad del centro “trató de impedir que la hija del denunciante participara en la fiesta de fin de curso por no pagar la cantidad exigida. Finalmente, la niña participó en dicha actividad, si bien se vio afectada por un trato discriminatorio”.

El informe, a su vez, contiene referencia a ciertos mecanismos de cobro utilizados por el centro, llegando a incluirse entre los deberes de los padres “considerar las cuotas económicas como aportaciones voluntarias”. Dichas cuotas consistían, en el curso 2006-07, en una base de 42 euros y once cuotas específicas mensuales entre 165 euros en educación infantil y 90 euros para el 2º ciclo de la ESO.

Caducidad del expediente

La caducidad del expediente se produjo al final de la etapa del anterior consejero de Educación, Juan Ramón Medina, concretamente, el 19 de agosto de 2008; seis meses después de que se iniciara. “Si se dejó caducar de forma intencionada se trataría de un hecho especialmente grave”.

López añadió que “el cobro de cuotas obligatorias implica discriminación en la escolarización por razones económicas, por lo que está prohibido por la ley, que garantiza la equidad en la escolarización entre centros sostenidos con recursos públicos, tanto los concertados, como los públicos.